Ciudadanos: “La Generalitat catalana ha impuesto el monolingüismo catalán en la escuela, como la Dictadura impuso el español”

La eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo,

Maite Pagazaurtundua, ha asegurado hoy que la Generalitat de Cataluña está aplicando “el monolingüisimo catalán en la escuela, como la Dictadura impuso el español”.

Durante esta Fiesta de la Hispanidad, Pagazaurtundúa ha reunido en Bruselas a un nutrido grupo de representantes de organizaciones españolas, implantadas en CCAA bilingües donde se está produciendo la exclusión del español en la enseñanza y en otros aspectos de la sociedad. En concreto, se han dado cita en el Parlamento Europeo representantes de Impulso Ciudadano, Docentes Libres, Asamblea por una escuela bilingüe, Plis, educación, Societat Civil Balear, Docentes por la Libertad Lingüística, Idiomas y Educación, Sociedad Civil Valenciana, y así como la Asociación Pompaelo para hablar de País Vasco y Navarra.

La jornada ha sido por tanto de reivindicación de la lucha de la sociedad civil por el bilingüismo y también de celebración del Día de la Hispanidad en las instituciones europeas, con una gran concentración a las 12 horas en la explanada del Parlamento Europeo abierta especialmente a la comunidad española en las instituciones comunitarias. Durante la sesión de debate, Pagaza ha destacado además de que se va extendiendo la discriminación de la lengua materna, como lengua vehicular, cuando esta es el español. “No tiene sentido pedagógicamente. No se puede imponer la inmersión y hay muchos modelos para fomentar el multilingüismo, si nos importan los menores”, ha planteado.

“Desaprovechan la oportunidad de fomentar el plurilingüismo en nuestras sociedades. Utilizan a los niños y si queremos sociedades abiertas, libres, donde tengan todas las oportunidades. No podemos permitirlo”, ha añadido. “Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien en su lengua materna supone una crueldad social que se vivió, lamentablemente, en época franquista. Son comportamientos contra el pluralismo que tenemos que denunciar en la UE del siglo XXI”, manifestó Pagaza.

Ha recordado que los miembros de la Generalitat no solo hacen declaraciones contra el Estado de Derecho, sino que esta Administración se declara en rebeldía y legisla y realiza actos oficiales que tienen como fin el desacato de sentencias que buscan proteger derechos fundamentales.

“El Tribunal Supremo ha confirmado que la condición de vehicular del español está blindada por la Constitución. Hablamos de miles de familias cuyos hijos tienen derecho a estudiar en castellano por lo que la NO ejecución de la sentencia del TSJC sería como incumplir centenares de miles de sentencias en materia de derechos fundamentales y obligarles, además, a acudir, uno a uno ante la Justicia para hacer valer sus derechos”. Además, Pagaza ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto, y deja en una “indefensión manifiesta a las familias y niños que ven atacados sus derechos a hablar y educarse en su lengua materna, que además es lengua oficial”.

Es muy grave, ha dicho, que el Gobierno de Cataluña y otras autoridades públicas no solo hayan instado a desobedecer sentencias, sino que también hayan tejido una red para proteger sus intereses basada en el señalamiento y el acoso a los menores y familias. “Acosan a algunos, para callar a muchos”. Por todo ello, Pagaza lleva más de dos años trabajando para defender la universalización de la Carta de Derechos Fundamentales, lo que permitiría sortear los problemas actuales para que las instituciones europeas pudieran obligar a corregirse a los países que, como España, toleran abusos y discriminaciones en materia de derechos fundamentales.

La jornada ha contado con la participación de José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano; Carlos Silva, portavoz de la Plataforma de Profesores Docentes Libres; y Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe. Julián Ruiz-Bravo, portavoz de ‘PLIS. Educación, por favor’ (Baleares); Miguel Ángel Robles, portavoz de Docentes por la Libertad Lingüística (Alicante); y Miguel Cornejo, presidente Asociación Pompaelo (Navarra).

El alicantino Miguel Ángel Robles ha lanzado en Bruselas la pregunta de si España margina a las personas que hablan lenguas locales. “La respuesta es no. La opresión que denuncian nacionalistas en general es una falsedad sin recorrido”, ha expuesto. Ha repasado el origen de su organización y de otras similares ante la imposición del valenciano y las movilizaciones sociales de docentes y familias para demandar libertad.

“Hasta hace poco, había cierta libertad para elegir la lengua en la educción, el 33% elegía el valenciano, el 66% el español. Pero el nacionalismo reclamó cambios legales y se promulgó la ley de 2018 para aumentar el número de hablantes de valenciano por la fuerza de la ley: estudiar español sólo en la asignatura de lengua española. Estamos a un paso de entrar en la misma dinámica de Cataluña”, ha explicado. Robles ha denunciado que el derecho al valenciano se ha situado por encima del derecho a elegir lengua en la educación pública. “La lengua tiene derechos por encima del derecho que se hurta a nuestros hijos. Miles de estudiantes no pueden estudiar en castellano. En la Comarca de la Vega Baja son 12.000 los obligados a estudiar en una lengua que no usan”, ha expuesto. “Esa ley es un freno al ascensor social que supone derecho a una educación de calidad”.