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Císcar cree un “atropello” paralizar las obras que no esté al 90% y exige al Gobierno que diga “qué va a ocurrir con las infraestructuras prometidas en la Comunitat”

  • Insta a Blanco a “ser valiente y decir si el AVE a Alicante estará finalizado en 2012 como afirmó en el Congreso

  • Asegura que el “tijeretazo de Fomento es inasumible para las empresas, generará paro y aniquilará cualquier posibilidad de crecimiento económico”

El vicesecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, José Císcar, ha considerado hoy un “atropello” paralizar las obras que no estén ejecutadas al 90% y ha exigido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que diga “qué va a ocurrir con las infraestructuras prometidas en la Comunitat, como el AVE o el Plan de Cercanías”.

Císcar se ha pronunciado así en relación a la nueva intención del Ejecutivo para recortar gastos y ha instado al ministro de Fomento, José Blanco, a “ser valiente y decir, en concreto, si va a cumplir su promesa de que el AVE a Alicante llegue en 2012 o va a seguir las directrices de su jefe en contra de los intereses de los valencianos”.

Al respecto, ha lamentado que si Fomento “cumple su amenaza de paralizar las obras, el proyecto más importante para los alicantinos quedaría aplazado ‘sine die’”, puesto que el AVE a Alicante no alcanza el grado de ejecución exigido.

Por ello, ha preguntado al responsable de Fomento si, tras haber garantizado, hace sólo unos días en el Congreso de los Diputados, la llegada de la Alta Velocidad a Alicante en 2012, “va a tener que agachar la cabeza ante Zapatero y sumar una nueva mentira del Gobierno socialista a los valencianos”.

Para el dirigente popular, sería “un agravio intolerable” que los alicantinos tengan que “pagar los intereses de los despilfarros de Zapatero con un retraso en esta infraestructura”. Además, ha lamentado que el Gobierno socialista “sigue adoptando decisiones improvisadas y sin estrategia, que supondrán un nuevo varapalo a la economía y el empleo”.

En este sentido, ha indicado que la nueva propuesta del Gobierno contempla la paralización de obras, con la rescisión de contratos que ya se hayan adjudicado pero que no se hayan iniciado, y hasta la suspensión de tramos adjudicados y que ya se encuentren en obras.

Será un recorte “inasumible” para las empresas que trabajan en estos proyectos ya que “tendrán que costear los gastos que habían previsto a largo plazo y despedir a los trabajadores contratados para esas obras”, ha explicado Císcar, y ha asegurado así que este “tijeretazo en la inversión generará un nuevo aumento del desempleo, pese a la vergonzosa cifra de cuatro millones de parados, y la aniquilación de cualquier mínima posibilidad de crecimiento económico”.

Plan de Cercanías

El vicesecretario general del PPCV también se ha referido al Plan de Cercanías de la Comunitat y ha exigido al Gobierno “no ponga en peligro las infraestructuras previstas”. “Blanco se comprometió a invertir 3.000 millones de euros en el Plan de Cercanías y ahora no se puede echar atrás en el que será uno de los proyectos más importantes para la provincia de Alicante, como es el tren de la costa”, ha aseverado Císcar, quien ha explicado que los ciudadanos podrán recorrer los 93 kilómetros que distan entre Alicante y Dénia en 38 minutos, cuando hasta el momento se tardan 2.15 horas.

Así, ha indicado que el Consell de Francisco Camps “ha hecho los deberes en materia de infraestructuras y ha puesto como ejemplo la presentación ayer del estudio de planeamiento del tramo Alicante-Dénia del tren de la costa, que corresponde al Consell, mientras el Gobierno “aún no ha establecido un calendario para acometer su parte del proyecto”, del que asumirá la ejecución de los tramos Cullera-Gandia y Gandia-Dénia.

El dirigente popular ha instado a Fomento a “empezar a licitar la obra, puesto que la Generalitat se ha adelantado y ya dispone del proyecto del tramo Gandia-Oliva, con la información pública y declaración de impacto ambiental aprobadas”. En esta línea, ha augurado que el retraso de los proyectos supondrá “un grave perjuicio en la movilidad de los ciudadanos y, en consecuencia, en el bienestar de los mismos y el desarrollo económico de la Comunitat”.

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