El PP denuncia que el Gobierno de Chiva vuelve a dar la espalda a los vecinos de Calicanto

El PP de Chiva lleva desde la pasada legislatura luchando para que el Ayuntamiento ayude a los vecinos que se niegan a pagar las cuotas y que son denunciados por la Asociación Cumbres de Calicanto. En el pleno correspondiente al mes de septiembre, el PP, sumándose a la moción de ADUC que abundaba en esta necesidad, vio como el equipo de Gobierno rechazaba esta posibilidad con los votos en contra de Compromís y Más, Izquierda Unida y Vinchi y las abstenciones de Ciudadanos y PSOE.

La postura del grupo popular –que ha defendido Esther Sancho– es que se «debe acabar con la obligatoriedad de que los vecinos de Calicanto tengan que pagar por un servicio de seguridad privada cuando es una competencia que debe prestar el Ayuntamiento», como sucede con el alumbrado y otros servicios atribuidos legalmente al consistorio.

El último informe del secretario municipal da la razón a los vecinos y pone de relieve las presiones y las demandas que la Asociación Cumbres de Calicanto de naturaleza privada está realizando procediendo a demandar judicialmente a quienes se niegan a abonar un servicio que no les corresponde sufragar.

Sancho ha agradecido el informe del secretario, pese a que se haya tardado tanto en emitir, y recordó que «llevamos mucho tiempo con el tema de la obligatoriedad de tener seguridad privada para los vecinos de Calicanto y ya en 2018 acudimos a la subdelegación de Gobierno para intentar solucionar esta cuestión».

«También presentamos ese año una moción y una enmienda en julio de 2019 pidiendo que se ampliara la presencia de la Policía Local en Calicanto ya que el ayuntamiento es el que debe velar por la seguridad de los vecinos y no una entidad privada», ha explicado la concejal popular.

Esther Sancho ha advertido que «cuando en 1999 se entregó la urbanización ya no había obligatoriedad para los vecinos de tener que pagar un servicio de seguridad privada por lo que Asociación Cumbres de Calicanto no puede entrometerse en las competencias que son propias del Ayuntamiento».

La postura del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Chiva es clara y mantiene que «dentro de los impuestos que pagan los vecinos está incluido, al igual que el alumbrado público o la limpieza, la seguridad y no puede haber ninguna asociación que se lucre por este motivo».

Sancho ha reiterado que en base al informe del secretario municipal «podemos adoptar un acuerdo plenario que debería ser por unanimidad donde sentemos las bases y acabemos de una vez con esta injusticia y pesadilla que le está costando la salud a más de un vecino».

Dilatan la solución

Pese a la legalidad, el informe del secretario y la evidencia de que los servicios por los que se obliga a pagar a los vecinos corresponden al ayuntamiento, el actual equipo de gobierno municipal rechazó, de nuevo, la iniciativa. Sancho ha lamentado que por un lado reconocieron que la situación que viven muchos vecinos es «injusta» pero han desestimado darles amparo de manera inmediata como correspondería.

La propuesta que pretenden llevar a próximos plenos es «modificar el Plan Parcial de Calicanto para dejar sin poderes ni competencias a la citada asociación», pero toda esa tramitación va a dejar en «una situación de abandono a los vecinos que ya tienen que hacer frente procesos judiciales», ha denunciado Esther Sancho.