Cerca de 2.000 programas impulsados por entidades de carácter social se benefician de las subvenciones autonómicas del IRPF
Igualdad resuelve la concesión de estas subvenciones a 278 entidades destinadas a programas y obras de carácter social
Este año los programas han estado centrados en atender las necesidades de la crisis social y económica producida por la COVID-19
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resuelto subvencionar un total de 1.394 programas y obras de carácter social impulsados por 278 entidades, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta para las personas físicas (IRPF) en la Comunitat Valenciana.
La directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, María José Cortell, ha explicado que la finalidad de las subvenciones que Igualdad convoca es financiar los programas de “interés general” para atender fines de carácter social “destinados a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o en situaciones de especial vulnerabilidad”.
En este sentido, ha indicado que, este año, muchos de estos programas han estado especialmente destinados en atender las necesidades de la crisis social y económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19
María José Cortell ha recordado que estas subvenciones van dirigidas “a las entidades del tercer sector colaboradoras con las administraciones públicas y a las entidades no gubernamentales que estén legalmente constituidas, sin fines de lucro y que tengan sede, oficina, delegación permanente o domicilio social en la Comunitat Valenciana”.
La directora general ha explicado que el Estado destinó a la Comunitat una asignación inicial de 18.135.309 euros, a la que más tarde añadió una cantidad adicional de 3.211.063 euros, sumando un total de 21.346.372 euros, “lo que nos ha permitido incrementar un 23% el número de programas subvencionados respecto al pasado año, pasando de los 1.132 proyectos financiados en 2019 a los 1.394 financiados en 2020”.
17 ejes de trabajo
En total, se han financiado actuaciones recogidas en 15 ejes con un importe de 17.821.372 euros y con otros 3.524.999 euros se financian los dos ejes de gastos para equipamiento y obras.
Así, el eje de trabajo relativo a infancia y adolescencia cuenta con un importe asignado de 1.100.379 euros, el de jóvenes con 798.465 euros, el de igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres con 1.000.376 euros, el eje de familias con 350.600 y el de personas mayores 1.827.042 euros.
Para el eje de actuaciones con personas con diversidad funcional, el importe asignado es de 2.670.388 euros, para el de personas con drogodependencia 465.602, el de personas con VIH-Sida 456.731 euros y para el eje de pueblo gitano 795.370 euros.
El eje que contempla programas dirigidos a la emergencia social tiene asignado un importe de 1,33 millones de euros, mientras que el de inclusión social cuenta con una asignación de 3 millones.
El eje de trabajo con personas sin hogar cuenta con una partida de 1,5 millones de euros y el de personas migrantes 1,7 millones, mientras que el eje de trabajo de igualdad de trato, no discriminación y prevención de delitos de odio cuenta con 205.597 euros y el de voluntariado 490.603 euros.
En cuanto a los dos ejes restantes, se han destinado 920.426 euros para equipamiento y 2.604.572 para obras.
Criterios de reparto
La directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos ha señalado que los criterios del reparto de los fondos están consensuados con las entidades del tercer sector para que sean “objetivos, con una distribución justa y que respondan a las necesidades reales”.
Así, para la adjudicación de las subvenciones se han tenido en cuenta criterios de valoración de las entidades, como su implantación y aplicación territorial, personas asociadas y afiliadas, especialización, calidad en la gestión, fondos propios, subvenciones recibidas y financiación privada, recursos humanos, participación social y voluntariado.
También se han valorado las cláusulas sociales sobre contratación específica de colectivos más vulnerables y la existencia de planes para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por otro lado, se ha tenido en cuenta la evaluación de las necesidades sociales, su incidencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los colectivos a quienes van dirigidos, contenido, calidad, presupuesto, ámbito de aplicación y experiencia en la gestión de programas sociales, entre otros.
