El CECOVA confía que el Tribunal Constitucional anule el decreto de medidas de ajuste de la Generalitat y dé protección a los derechos de los profesionales sanitarios
Ávila recuerda que instar el recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo y el PSOE fue un acuerdo de la asamblea de colegiados de Enfermería
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante mostraron hoy su plena confianza en que el Tribunal Constitucional apruebe la anulación del decreto 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Comunidad Valenciana y, así, proteja los derechos laborales y salariales de los profesionales de Enfermería que “han sufrido un grave atropello con la aprobación de una norma totalmente arbitraria y elaborada de espaldas a los agentes sociales”.
Instar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del decreto de recortes fue una de las medidas aprobadas en las diversas asambleas de colegiados de Enfermería de la Comunidad Valenciana y, para ello, el CECOVA remitió misivas al Defensor del Pueblo, el grupo parlamentario del PSOE en las Cortes Generales y el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en las que solicitaba la presentación del mencionado recurso contra el Decreto 1/2012.
En las cartas, remitidas el 21 de marzo de 2012, el CECOVA, en representación del colectivo profesional de Enfermería de la Comunidad Valenciana que mayoritariamente presta sus servicios para la Administración sanitaria valenciana, recordaba que el Decreto 1/2012 “ha venido a introducir unos severos recortes en los gastos de personal de la Administración autonómica valenciana, que, sin justificación alguna, han supuesto la merma de importantes derechos para todo el personal sanitario en su conjunto, dependiente de la Generalitat Valenciana, y, por consiguiente, también del personal de Enfermería”.
Respuestas divergentes
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, explicó que la misiva ha tenido respuestas divergentes, por una parte de la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que contestó con una carta motivada fechada el 27 de marzo en la que rechazaba instar el recurso de inconstitucionalidad al considerar que “no se produce la vulneración de principios constitucionales”; y, por otra, del grupo parlamentario socialista en las Cortes Generales, que efectivamente procedió ayer a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional con la firma de 50 senadores.
En este sentido, José Antonio Ávila se mostró confiado en que la iniciativa judicial prospere en el Tribunal Constitucional y anule una normativa arbitraria e injusta que, entre otras cuestiones, merma los derechos laborales del personal al servicio de la administración pública de la Comunidad Valenciana y reduce a la mitad el complemento por la carrera profesional de los profesionales sanitarios.
Además, reiteró que desde la Organización Colegial Autonómica de Enfermería seguiremos manifestando nuestro rechazo frontal a unos recortes que castigan a un colectivo profesional que no tiene ninguna culpa de la situación de crisis actual.
