Las CCAA instan al Ministerio de Justicia a que presente el borrador de modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita antes del 30 de junio
La consellera ha participado en Pamplona en la comisión de coordinación de comunidades con competencias en Justicia
Sánchez de León: “Se ha acordado reclamar al Ministerio el traspaso de competencias en gestión de personal, necesario para una eficaz implantación de la nueva oficina judicial”
Valencia acogerá la próxima reunión de consejeros de Justicia
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha participado esta mañana en Pamplona en la comisión de coordinación de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de Justicia, donde se ha gestado un documento con los acuerdos alcanzados que se hará llegar al Ministerio de Justicia.
La consellera, que ha adelantado que la próxima reunión de seguimiento de estos acuerdos será en julio en Valencia, ha explicado que en el encuentro mantenido “se han concretado una serie de acuerdos relacionados con el turno de oficio y la nueva oficina judicial”.
En materia de asistencia jurídica gratuita, “la reivindicación fundamental, según Sánchez de León, es la exigencia de un impulso definitivo a la reforma de la ley del 96 en la que se nos permita a las comunidades autónomas establecer un nuevo modelo de gestión en el turno de oficio para adecuarlo a la realidad y a las necesidades actuales. Consideramos que es necesario para de verdad poder prestar un servicio a los ciudadanos que son los destinatarios últimos de esta prestación eficaz, racional y realista”.
De este modo, la consellera ha apuntado que “hemos dejado constancia en el documento que hemos firmado de nuestro compromiso con el derecho de asistencia jurídica gratuita de todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
En el texto acordado en la reunión se hace especial incidencia a que las últimas modificaciones legislativas en el ámbito penal, especialmente con la introducción de los juicios rápidos, ha significado un incremento importante de la asistencia letrada gratuita, con el consiguiente esfuerzo presupuestario. Por consiguiente, se constata la necesidad de racionalizar este procedimiento a fin de que responda estrictamente al principio de solidaridad social que inspiró este sistema.
De hecho, la consellera ha apuntado que “en la Comunitat, el coste del turno de oficio para la Generalitat se ha incrementado más de un 180% en los últimos seis años ya que ha pasado de 9,8 millones de euros en 2003 a los 27,7 en 2009”. En concreto, el gasto que supuso el ejercicio 2009 representó aproximadamente el 11% del total del presupuesto de la Justicia autonómica.
Además, para Sánchez de León, “es necesario que antes de la próxima conferencia sectorial, el Ministerio comunique a las autonomías las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario previsto y el procedimiento que va a emplearse en referencia a los fondos de depósito previstos en el párrafo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Implantación equitativa de la oficina judicial
Por otra parte, la consellera ha informado de que “hemos llegado al acuerdo conjunto de reivindicar una vez más al Ministerio que es necesario que se ejecuten ya aquellas medidas que venimos reivindicando como la transferencia en la ejecución y gestión del personal que necesitamos tener las comunidades autónomas para de verdad poder poner en marcha el nuevo modelo judicial, pues consideramos que la implantación de la oficina no es el final del proceso sino el punto y seguido de un dilatado camino”.
En palabras de la consellera tras la reunión, “las comunidades no pueden limitarse a pagar las retribuciones de los funcionarios, sino que también tienen que formar parte de la gestión del personal”.
Asimismo, para la consellera es fundamental que “la implantación de la nueva oficina judicial sea equitativa en todas las comunidades autónomas en cuanto a funcionalidad, flexibilidad horaria, movilidad funcional y condiciones de trabajo de los funcionarios”.
“Hemos pedido también la dotación de más plazas de secretarios judiciales, necesario para la implementación de la oficina, y la participación de todas las comunidades autónomas en la elaboración de aquellas leyes que afectan directamente al ejercicio de nuestras competencias como la ley del registro civil o la ley de demarcación y planta judicial”, ha explicado la consellera.
En el texto se ha instado también al Ministerio a que revise las dotaciones de las Unidades Procesales de Apoyo Directo de modo que se reduzcan en beneficio de los Servicios Comunes Procesales.
Sin embargo, la titular de Justicia ha lamentado que “el Ministerio ya ha reconocido que para este año no tiene previsto la creación de más plazas de secretario judicial lo que dificulta el arranque de estos servicios”.
Finalmente, los consejeros han acordado solicitar una reunión de trabajo de forma inmediata con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, así como que se convoque en un breve plazo de tiempo una comisión conjunta entre las comunidades, el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial.
