La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos en el centro de especialistas de Catarroja
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha iniciado diligencias para investigar presuntos delitos en la formalización del contrato de alquiler del centro de especialidades médicas de Catarroja, actualmente cerrado por Sanidad y el Ayuntamiento, tras la denuncia presentada por el grupo municipal socialista, en la que se apunta la probable existencia de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y negociación prohibida a funcionarios públicos, entre otras supuestas actuaciones irregulares, con posible responsabilidad penal por parte de la alcaldesa del PP, Soledad Ramón, y su teniente de alcalde, Rafael Sanchis.
El portavoz del grupo socialista, Alberto Gradolí, tras confirmar que la Fiscalía Anticorrupción le ha comunicado recientemente el inicio de “diligencias de investigación penal” y la designación de un fiscal instructor para este fin, ha recordado que “un informe del propio tesorero del Ayuntamiento advierte que una cláusula del contrato de alquiler de dicho local es nula, porque el Ayuntamiento no puede eximir al arrendador, como así se indica en ella y se está haciendo, del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de la recogida de la basura”. Gradolí ha señalado asimismo que fue “por ello por lo que el grupo socialista exigió que se anulara el contrato, pero la alcaldesa y los concejales del PP se opusieron”.
Tal como se denunció en su día por los socialistas, “el contrato obliga a pagar el IBI y la tasa de basura al propio Ayuntamiento, y como éste no puede hacerlo por ser el beneficiario, conlleva que la alcaldesa, Soledad Ramón, esté eximiendo al propietario y arrendador del local, que, además, es familiar del teniente de alcalde, Rafael Sanchis, de pagar el impuesto y la tasa todos los años, actuando así en contra de la ley y perjudicando los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos”.
Otras presuntas irregularidades
No obstante, hay más presuntas irregularidades, según han denunciado los socialistas: “El contrato fue firmado por una familiar del actual primer teniente de alcalde, Rafael Sanchis, cuando no era aún propietaria del local y, según la información registral consultada, no tenía tampoco entonces poderes para hacerlo. Además, el contrato se adjudicó oficialmente por el Ayuntamiento casi tres meses después de que se firmara y sin el obligatorio informe técnico o jurídico previo que lo avalara”. Y a todo ello se suma también el hecho, calificado de “escandaloso” por los socialistas, de que, en la tramitación de este contrato, “aparezca una empresa intermediaria, regentada por la misma familia que la firmante, la cual cobra comisión por su mediación”.
