Compromís acusa al PP de Catarroja de gobernar por intereses personales y pide la dimisión de la alcaldesa
Compromís no descarta abrir todas las vías para esclarecer estas cuestiones, incluso acudir a los tribunales porque la alcaldesa confunde las instituciones con los intereses de partido
“Familiares directos de concejales están siendo contratados por el ayuntamiento a dedo y ahora sabemos que un concejal, Sigfrido Ribes, consigue licencia con informes en contra de los técnicos, aprovechándose de su cargo para obtener un beneficio personal. Esto es vergonzoso”, afirma Compromís, “más teniendo en cuenta que durante el año y medio que lleva en su cargo no ha hecho ni una propuesta en el área de industria y comercio de la cual es delegado”.
“Ahora podemos comprobar por qué tienen algunos concejales tanto interés en formar parte del PP de Catarroja. El PP se piensa que el ayuntamiento es su cortijo y puede hacer lo que le da la gana”. Compromís considera que el equipo de gobierno actúa más por intereses personales que por el interés común de los ciudadanos.
Esta no es la primera vez que Compromís denuncia casos turbios ligados al actual quipo de gobierno en esta legislatura. Compromís ha exigido a la alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, que dimita de su cargo “si no es capaz de explicar a los ciudadanos por qué permite contrataciones de familiares directos de concejales a dedo, sin informes objetivos que lo aconseje, saltándose bolsas de trabajo”. Asimismo, Compromís quiere saber “por qué la alcaldesa de la localidad permite que concejales del PP cierren calles del municipio para fiestas particulares o que existan facturas de la luz a cargo del ayuntamiento en domicilios particulares del barrio de Les barraques, según destapó nuestro grupo en el pasado pleno ordinario”.
Compromís exige también que “la alcaldesa de la localidad responda a la petición de la comisión de investigación que permita esclarecer otros casos turbios de su gobierno, como la destrucción de la Vila Romana, y el hecho de que se hayan obtenido permisos de la Dirección General de Patrimonio en la construcción de un centro educativo a pesar de los informes de la arqueóloga encargada de las excavaciones y de lo que consta en la revisión de PGOU, aprobada en el año 2011. Estamos ante un total desgobierno”, afirma Compromís, “que está permitiendo irregularidades para beneficio personal mintiendo incluso en los plenarios y por escrito”. Ante esta situación, los servicios jurídicos del grupo municipal no descarta ninguna vía, incluso acudir a los tribunales.
