El Tribunal Supremo admite el recurso de casación contra la sentencia de Mestrets

El Vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, ha informado hoy de la admisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo. Un recurso que fue presentado por tres partes, el Ayuntamiento de Castellón, la Generalitat y la Asociación de Vecinos y propietarios Poble Sec.

Javier Moliner ha mostrado su satisfacción con esta decisión del Tribunal Supremo puesto que “demuestra que todavía se pueden aportar datos que evidentemente van a demostrar que durante todo el cumplimiento de la legalidad del consistorio, ha sido muy riguroso. Creemos que en la sentencia no han tenido en cuenta muchos datos y no tenemos ningún reparo en aportarlos para justificar que se ha seguido un proceso totalmente lícito y correcto.”

“El Ayuntamiento sólo pretende hacer valer también su derecho de amparo ante el Supremo para defender lo que consideramos un gran proyecto de ciudad y que traerá mucha prosperidad y empleo a Castellón. Pero lo hacemos desde el convencimiento de estar actuando legalmente”, ha dicho el Vicealcalde.

El recurso intentará cambiar el sentido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anulaba la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU nº 6, en un acto administrativo de la Conselleria de Territorio.

Moliner ha explicado los argumentos que el recurso esgrime para modificar la decisión judicial “por un lado, la sentencia señalaba que se había cargado a la zona objeto de la modificación, proyectos que corresponden a sistemas generales de la ciudad y que además, estas cargas superan el 50%. Ante esto, los recursos presentados informan que la propia ley aplicable (LRAU), así como la Ley del Suelo (de carácter nacional), precisamente dicen textualmente ‘las áreas de reparto de suelo urbanizable deben comprender uno o varios sectores completos y suelos dotacionales con destino público’, es decir, que la ley dice que no sólo se puede hacer así, sino que se debe hacer el reparto entre todos los desarrollos que se hagan en la ciudad”.

“Es más, -ha dicho el Vicealcalde-,  a pesar de que no existen límites fijados por la ley en el reparto de cargas, la valoración que se ha hecho desde el TSJCV para determinar ese ‘50%’ del que habla la sentencia no se ha justificado, ya que en valoración urbanística en ningún caso se ha superado 50%, sino que está muy por debajo. Porque, como dice estrictamente la Ley la justa distribución de beneficios y cargas no se calcula de poner en relación la superficie del suelo, sino del ‘aprovechamiento urbanístico (el rendimiento económico) y los deberes del propietario (los deberes de cesión de vía pública, dotaciones, etc.)”.

Y, la segunda razón argumentada por la sentencia y que se rebate en el recurso es que no existe ningún informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que sea desfavorable al PATRICOVA en relación a ese desarrollo.

Javier Moliner ha informado que “el informe que cita la sentencia, de 7 de junio de 2005, siendo rigurosos con su texto, no es desfavorable. De hecho, el informe de la Modificación del Plan contiene un documento que hace referencia directa al informe del 7 de junio de 2005 y dice textualmente que “Visto el informe de 7 de junio emitido por la Comisaría de Aguas de la CHJ sobre el estudio de inundabilidad correspondiente a la Modificación nº 6 del PGOU, se emite informe favorable (…) al considerarse suficientemente cumplidas las previsiones contenidas en el PATRICOVA y no existir oposición por parte del organismo de cuenca”.

Javier Moliner ha insistido una vez más en que “el Ayuntamiento de Castellón va a seguir siendo plenamente respetuoso con la justicia, por eso, en aras a la legalidad y ya que el Ayuntamiento ha sido totalmente correcto en la tramitación de esta modificación del plan, se ha decidió presentar el recurso para defender los intereses de la ciudad y de muchos vecinos propietarios que también ven lesionados sus derechos”. De hecho, la Asociación que ha presentado también este recurso de casación “Poble Sec”, aglutina a más del 90% de los propietarios que están a favor del desarrollo del proyecto y consideran una injusticia su paralización en base a una decisión poco fundamentada.

Este desarrollo permitirá la construcción de más de 3500 viviendas de protección pública y la obtención de suelo rotacional para ejecutar grandes infraestructuras de respaldo a la economía local como el Centre de Convencions.