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Los socialistas de Castellón proponen crear un parque de vivienda público para alojar a víctimas de los desahucios

Los socialistas de Castellón proponen crear un parque de vivienda público para alojar a víctimas de los desahucios
  • La portavoz de Castellón, Amparo Marco, dice que “la Administración no puede ser cómplice de las actuaciones desalmadas del sistema financiero”

Los socialistas de Castellón han presentado una declaración institucional para instar al Gobierno a promover, junto al resto de administraciones, la creación de un parque de viviendas para alojar a las víctimas de los desahucios, entre otras medidas para aminorar el impacto de las ejecuciones hipotecarias. “La Administración no puede ser cómplice de las actuaciones desalmadas del sistema financiero, que abocan a la exclusión a familias que se han visto arrastradas por el estallido de la burbuja inmobiliaria”, indica la portavoz socialista, Amparo Marco.

A su modo de ver, la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno del PP es una solución de compromiso aprobada para salvar la situación de alarma social generada en los últimos meses, pero no da una solución real y verdadera. La moratoria aprobada tiene un marco de dos años y con demasiadas restricciones. Además, los intereses hipotecarios se siguen devengando, por lo que la deuda sigue creciendo y los bancos siguen obteniendo beneficios a costa de los hipotecados.

Los socialistas proponen la elaboración de una nueva ley hipotecaria que establezca la dación en pago pactada como una solución más eficiente que las ejecuciones para los deudores hipotecarios de buena fe. Además, solicitan que establezca una moratoria en todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios hasta la aprobación de la nueva ley hipotecaria. “Hay que responder con medidas eficaces que acaben con esta lacra que ningún Gobierno, sea del signo político que sea, ha sido capaz de afrontar”.

Por otro lado, plantear la necesidad de incluir en la nueva legislación la supresión de las cláusulas, prácticas y situaciones abusivas por parte de las entidades financieras, así como limitar los intereses de demora, la penalización por cancelación anticipada y fijar un plazo mínimo de reconocimiento del valor de tasación del inmueble, impidiendo que se pueda actualizar a la baja al poco tiempo de firmarse el crédito.

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