Los socialistas de Castellón culpan al PP de “prolongar la agonía del PGOU”
El Tribunal Supremo rechaza los recursos del Ayuntamiento y la Generalitat y confima la anulación del Plan General de Ordenación Urbana
La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, lamenta la “tozudez política” del Partido Popular, que ha mantenido durante cinco años que el Plan General de Ordenación Urbana no había sido anulado por la Justicia. “La prepotencia y el orgullo de Alberto Fabra, Javier Moliner y Alfonso Bataller han causado un gran daño al Ayuntamiento de Castellón. La Justicia ha confirmado la sinrazón del PP, que se empeñaba en prolongar la agonía del PGOU”, indica.
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat y ha ratificado la nulidad del PGOU. Ambas instituciones interpusieron sendos recursos después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con fechas 19 de octubre y 23 de noviembre de 2012, pidiera la ejecución de la anterior sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2008.
“La sentencia que confirma la anulación del Plan General de Ordenación Urbana es un correctivo a la negligencia y al gobierno caótico del Partido Popular”. “Bataller sabía que el PGOU estaba anulado de facto y ha intentado obstaculizar una solución racional a la parálisis urbanística de Castellón”, afirma.
La anulación inicial llegó tras un contencioso-administrativo interpuesto por un grupo de propietarios contra la resolución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana de 1 de marzo de 2000 por la que se aprobaba definitivamente la revisión del PGOU, dado que durante su tramitación, a pesar de las modificaciones sustanciales, no se llevó a cabo el periodo de información pública que se exigía.
“La Justicia ha dejado en evidencia la irresponsabilidad del PP. No solo ha demostrado la mala praxis urbanística al no respetar el proceso de exposición al público del PGOU, como reflejó la primera sentencia condenatoria, sino que se ha demostrado el intento perverso de los responsables políticos por camuflar la resolución judicial y poner trabas a la redacción de un nuevo planeamiento”, apunta.
Marco reprocha al alcalde que haya seguido la “política del avestruz” que pusieron en marcha el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo, Alberto Fabra y Javier Moliner. “Hemos perdido cinco años que eran decisivos para trazar un urbanismo moderno y ajustado a la actual realidad económica”, señala. Contra la resolución del Supremo, no cabe recurso ordinario. Las costas del procedimiento corren a cargo de ambas administraciones públicas, que deberán pagar 3.000 euros cada una.
