Sales acusa a Marco de acumular sospechas tras sacar un nuevo contrato de mantenimiento de cámaras que se solapa con el que se investiga de la sala de emergencias de la Policía Local
Vicent Sales muestra su sorpresa al conocer que el Ayuntamiento de Castellón acaba de sacar a licitación la vigilancia y seguridad de edificios municipales, entre ellos del propio consistorio
La renovación de la Sala de Emergencias de la Policía Local está siendo objeto de una Comisión de Investigación que por motivos de la pandemia fue paralizada el pasado diciembre
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, insta a la alcaldesa Amparo Marco a aclarar el objeto del contrato de reparación y mantenimiento de un total de 80 cámaras que acaba de sacar a licitación el equipo de gobierno, y que incluyen 22 videocámaras del Palacio Municipal, cuando todavía no ha arrojado ni la más mínima luz sobre el flagrante incumplimiento del contrato para la construcción de una nueva sala de emergencias de la Policía Local, valorada en 1,5 millones de euros, y que también incluía 21 videocámaras del Palacio Municipal, unos trabajos que se decepcionaron en abril de 2017 y que pocos meses más tarde, en el asalto a la azotea en la víspera de la votación de referéndum en Cataluña del 1-O no funcionaron.
“Un clavo no saca otro clavo. Todavía no hemos recibido ni una sola explicación por parte de la alcaldesa referente a un asunto que huele muy mal y que ha costado mucho dinero a todos los castellonenses, y que el equipo de gobierno socialista intenta tapar por todos los medios, aprovechando su control ahora mismo sobre la institución”, ha subrayado Vicente Sales.
El Ayuntamiento de Castellón acaba de licitar el pliego de condiciones técnicas que ha de regir la contratación del Servicio de Instalación y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad de Robo y Cámaras y Conexión a Central Receptora de Alarmas Municipal de los centros dependientes del Ayuntamiento. Un contrato que tiene caducado desde el 25 de octubre de 2016, coincidendo con la licitación, adjudicación y contratación del posterior y polémico sistema de seguridad, en el que ya había contemplada la instalación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, tanto exteriores como interiores del Ayuntamiento ya estaba contemplada en el Lote 4 del contrato de adjudicación para la renovación de la Sala de Emergencias. Este contrato tenía dos premisas: se centralizaban en una sola sala las tres instalaciones que había, y que se renovaban y se mantenían todas las cámaras del Palacio Municipal, tanto de los interiores como de los exteriores. A la vista de los hechos, ninguno de los dos objetos se ha cumplido.
Un contrato de cuyas características técnicas se encargó la empresa ALT 165, una firma que no tiene actividad y tiene su sede en San Lorenzo del Escorial, el mismo municipio de la Comunidad de Madrid que Eurocop, que es la empresa que finalmente acabó asumiendo la ejecución del contrato de renovación de la fallida Sala de Emergencias. Dicho lote incluía la instalación de 21 cámaras de seguridad en diferentes sedes municipales, entre ellas, Palacio Municipal del Ayuntamiento de Castellón, y las 21 cámaras se firmaron como recepcionadas e instaladas el 17 de abril de 2017.
Sus cámaras de videovigilancia que deberían haber servido para poner rostro a los implicados en el asalto a la azotea –el 30 de septiembre de 2017 en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña-, no funcionaron, como nos se nos dijo en un principio, pero después hemos sabido que, éstas ni siquiera existían a pesar de que sí se pagaron por estos dispositivos y por partida triple”, argumenta Sales.
En este contexto, el hecho de que el Ayuntamiento vuelva a sacar un nuevo contrato para la instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad y cámaras, “resulta cuanto menos sospechoso”, apunta el edil Popular. Y añade: ”Si todavía seguimos sin dispositivos de videovigilancia que garanticen la seguridad en el consistorio, de qué nos vale una Sala de Emergencias cuyo precio inicial fue de 899.030 € (iva incluido) y se acabó adjudicando en 4 lotes por un valor cercano a los 791.105 €. Es decir, nos costó a todos los castellonenses casi 800.000 euros, además de otros miles de euros gastados en contratos menores y otros 600.000 euros que también iban a parar a Eurocop y que ahora mismo están bloqueados por los tribunales”.
Reactivación Comsisión Investigación
Todo un cúmulo de “presuntas irregularidades y sombras de sospecha que rodean el proceso de licitación y puesta en servicio de la Sala de Emergencias de la Policía Local y por la que nadie del gobierno se digna a dar explicaciones pese a que cuatro años después de ser recepcionada sigue sin cumplir el objeto del contrato”, apunta Sales.
La renovación de la Sala de Emergencias de la Policía Local está siendo objeto de una Comisión de Investigación que por motivos de la pandemia fue paralizada el pasado diciembre. “Ahora que se ha retomado la actividad municipal ya no caben excusas para no convocarla cumpliendo todas las medidas de seguridad antiCovid, por lo que exigimos se convoque cuanto antes a fin de arrojar luz sobre una Sala de Emergencias que sigue generando muchas dudas sobre si los procesos de adjudicación se ajustaron a la legalidad. Lo que está claro es que alguien se ha llevado el dinero y sobre la mesa hay muchas preguntas sin respuesta, a estas alturas debería ser la propia alcaldesa, Amparo Marco la que diera la cara en aras a la transparencia que tanto pregona, pero nunca aplica”, concluye Sales.
