Edo: "El PP rechaza exigir al Consell más inversiones para la ciudad de Castellón"

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mario Edo, censura que el Partido Popular se haya negado hoy en la Junta de Portavoces a reivindicar a la Generalitat Valenciana una inversión “extraordinaria” para Castellón de casi 3 millones de euros. “Mientras el Gobierno valenciano le paga honorarios millonarios al arquitecto Santiago Calatrava, deja sin financiar el Palau de la Festa. Esa es la ciudad que quieren Alberto Fabra y el PP”, afirma.

Los socialistas presentaron una declaración institucional en la que reclamaban a la Generalitat que invierta en Castellón las cantidades pagadas al arquitecto Santiago Calatrava por el proyecto básico del Centre de Convencions: 2,7 millones de euros, del que “nada se sabe”, no está presupuestado ni hay establecido un calendario de ejecución de las obras, a pesar de que el pleno de Castellón así lo solicitó a través de una iniciativa socialista.

La cantidad pagada al arquitecto estrella del Partido Popular es superior a las inversiones ordinarias ejecutadas por el Gobierno valenciano en la ciudad de Castellón en el último año, lo que pone de relieve que “el dinero que debería concretarse en proyectos para la capital de la Plana se dilapida en pagos que no revierten en la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en un momento como el actual en el que es más necesario que nunca el esfuerzo de todas las administraciones públicas en la lucha contra el desempleo”.

En ese sentido, expone que los 1,8 millones de euros comprometidos por la Generalitat para el Palau de la Festa y que tenían que haberse pagado ya al Ayuntamiento no se cobrarán hasta 2017, dentro de seis años. “Castellón no puede soportar tanto desprecio y tanto ninguneo por parte de la Administración autonómica. Es hora de decir basta y exigir que el Gobierno valenciano dé prioridad a las inversiones que Castellón necesita”, afirma.

DESALADORAS
Por otro lado, el PSPV ha vetado la declaración institucional del grupo popular sobre el impacto ambiental de las desaladoras. Mario Edo crítica las “manipulaciones” sobre este asunto. El PP pedía al Gobierno un informe sobre los efectos ambientales de las depuradoras, cuando la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación establece que “la resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada para aquellas industrias o actividades de alta incidencia ambiental corresponde a la Generalitat”.

En el documento presentado por el equipo de gobierno hay “errores de bulto intencionados”, como afirmar que un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas confirmaba el impacto de la salmuera producida por las desaladoras, cuando lo que dice es que “el sistema proyectado es un método adecuado para conseguir la minimización de los efectos del vertido” y añade que “teniendo en cuenta la situación de las praderas de Posidonia oceánica es muy improbable que se vean afectadas”.