Puerta revela “irregularidades” en el proceso para contratar al celador municipal de la basílica de Lledó

La concejala Patricia Puerta, responsable de Personal en el grupo municipal socialista de Castellón, denuncia la existencia de “irregularidades” en el proceso para constituir una bolsa de empleo destinada a cubrir una plaza de celador en la basílica de Lledó. Las bases fueron aprobadas por un decreto de alcaldía, pero, según afirma, no pasaron previamente por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Castellón.

“El Partido Popular cree que el Ayuntamiento es territorio comanche, en el que no hay más ley que lo que les interesa en cada momento, pero se equivoca”, indica Puerta. “La ley está para ser cumplida y el Ayuntamiento debe dar ejemplo de pulcritud en el cumplimiento de la legalidad. Ya está bien de recurrir a artimañas”.

Puerta requirió explicaciones al equipo de gobierno durante la Comisión de Economía para conocer los trámite seguidos en la aprobación de la convocatoria. “Queremos saber quién redactó las bases, porque pensamos que no reúnen los requisitos propios de una Administración pública del siglo XXI”, expone. La concejala socialista señala que el concejal responsable de Personal del PP dijo desconocer el proceso seguido.

Los socialistas de Castellón han anunciado su intención de presentar un recurso administrativo contra las bases que regulan la convocatoria de esta bolsa de empleo. En las bases se estipula que quienes opten al puesto de trabajo público deberán “ayudar en las celebraciones litúrgicas y atender las indicaciones del prior”, tareas que, a su juicio, resultan “impropias” para el personal al servicio de una Administración pública.

Entre las funciones asignadas al celador están las de abrir y cerrar la basílica cuando se celebren actos religiosos, atender y cuidar la sacristía y el ajuar litúrgico, ayudar en las celebraciones religiosas, bajar y subir la imagen de la patrona desde la hornacina al camarín y atender a los visitantes de la basílica, “especialmente a los peregrinos”. Los requisitos son “excluyentes” y “discriminatorios” para agnósticos, ateos y no católicos.