El PSPV solicita que el Ayuntamiento renuncie a las comidas oficiales y destine ese dinero a un banco de alimentos
Puerta asegura que es “insolidario” que el PP use dinero público para promover la figura del alcalde mientras centenares de castellonenses no tienen ni para comer
El grupo socialista de Castellón ha presentado una moción al pleno para que el Ayuntamiento renuncie a organizar o sufragar comidas oficiales o con entidades sociales mientras dure la crisis, “con el fin de dar un ejemplo ético a los 21.000 parados de Castellón y a los centenares de personas que deben acogerse a la ayuda pública para buscar alimento”, según la concejala Patricia Puerta. Los socialistas proponen destinar el dinero público de las comidas, cenas y almuerzos institucionales a financiar el funcionamiento de un banco de alimentos que opere en la ciudad.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón acostumbra a organizar comidas con representantes de la sociedad civil que, según el PSPV, tienen como único objetivo promover fotografías de prensa con el objetivo electoralista de promocionar al alcalde, Alfonso Bataller. En el último año han sido decenas las comidas, cenas y almuerzos organizados por las concejalías del PP con entidades sociales y cargos políticos sufragadas con fondos económicos municipales, que han costado miles de euros.
“En momentos como los actuales, en los que 21.000 familias sufren el drama del paro y en los que centenares de castellonenses se ven impelidos a asistir a los servicios sociales y a las instituciones de caridad para conseguir alimentos básicos, resulta especialmente insolidario que se destine dinero público a organizar eventos de este tipo. Ese dinero debe destinarse a reforzar los programas sociales municipales y, en todo caso, a dotar de medios económicos a los bancos de alimentos que operan en la capital”, expone Puerta.
En opinión de la concejala, la organización de comidas institucionales tiene menos sentido, todavía, en el marco financiero del Ayuntamiento de Castellón, con una deuda pública galopante y tras la intervención del Gobierno central para que se pudieran saldar los impagos a los proveedores municipales por un valor cercano a los 50 millones de euros.
