PSPV, Compromís y CSeM exigen “la reforma inmediata del sistema de financiación valenciano”
Los grupos municipales de Compromís, PSPV y Castelló en Moviment han presentado una declaración institucional para que en el Pleno del Ayuntamiento que se celebra el próximo 26 de noviembre se acuerde exigir al Gobierno Central “una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica con efectos a 1 de enero de 2014” que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) de calidad, y que permita de igual manera, el ejercicio de las competencias propias (ocupación, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica) logrando al menos la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.
Además, la declaración institucional también reclama “el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias al País Valenciano cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013 así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits”.
Los tres grupos políticos reivindican, además, la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional del País Valenciano compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años.
Hay que recordar que el País Valenciano es el único territorio con una renta por habitante inferior a la media que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo cual supone una quiebra de los principios de equidad y solidaridad. Así lo demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: “incluso siendo más pobres continuamos aportando una contribución de dinero a la administración del Estado que se encuentra por encima de la que nos corresponde por nuestro nivel de renta”.
Compromís, PSPV y Castelló en Moviment mantienen que “si el País Valenciano hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media de España a lo largo del periodo 2002-2013, estos ingresos equivaldrían a más del 50% del crecimiento de la deuda pública autonómica a lo largo del periodo. Así, con una financiación justa, contaríamos con una deuda pública muy inferior a la actual y se podría haber invertido más en servicios públicos fundamentales”:
Las tres fuerzas políticas también coinciden en destacar que “a pesar de aglutinar casi el 11% de la población española, los valencianos y las valencianas nunca hemos recibido más del 10% de las inversiones del Estado. De hecho, lo más frecuente ha sido que se situaran entre el 6 y el 7 por ciento. Por eso, exigimos no ser tratados como ciudadanos de segunda y una financiación que permita que nuestros enfermos, escolares, universitarios, dependientes, parados, y pequeños y medianos empresarios, sean considerados igual que los del resto de territorios”.
