España pide la dimisión de Marzá por "incompetencia e irresponsabilidad"
"La ciudad de Castellón se encuentra sumida en un caos educativo tanto por la falta de instrucciones a los centros debido a la anulación parcial del Decreto de Plurilingüismo, como por la pésima gestión en la adjudicación de puestos escolares que aun hoy deja sin plaza a alumnos para asistir a un IES público", según denuncia la concejala popular de Castellón, María España.
Así, en el último pleno, celebrado el pasado 27 de julio, el Grupo Municipal Popular solicitó a la Consellería de Educación, a través de una Declaración Institucional, la inmediata suspensión de la ejecución del decreto 9/2017 del Consell, sobre modelo Educativo valenciano.
"Desde su publicación, numerosos organismos y asociaciones educativos han mostrado su oposición a dicho Decreto que vulnera los derechos fundamentales de los menores". Estos argumentos valieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para manifestarse en contra de la legalidad de la norma, acordando su suspensión cautelar.
"Lejos de acatar la decisión judicial, el propio Conseller Marzá recurrió la sentencia, y no sólo dicho recurso fue desestimado, sino que queda anulado parcialmente el Decreto", lo que "demuestra una vez más que Compromís intenta imponer su hoja de ruta sectaria aunque para ello vaya en contra de las personas y de la Justicia", denuncia España.
En este sentido, España pide la dimisión del Conseller Marzá por "incompetencia e irresponsabilidad". En palabras de la edil, "A su insumisión judicial se suma la inoperancia de la Consellería de Educación que sigue sin poner soluciones a la adjudicación de plazas escolares y sin dar instrucciones a los centros para preparar el inicio del próximo curso".
"Así, desde el inicio del presente mandato, Compromís y PSOE han vetado un total de 25 iniciativas plenarias en las que el Grupo Municipal Popular exigía mejoras educativas en la ciudad y medidas a favor de la Libertad de Educación, lo que convierte al equipo de gobierno, y en especial al concejal de educación Enric Porcar, cómplice del chantaje al que se somete a las familias castellonenses", concluye España.
