El Pacte del Grau pide a Fomento la transferencia de las competencias en cercanías al Consell
Los grupos políticos de Compromís, PSPV-PSOE y Castelló en Moviment han presentado una declaración institucional al pleno del Ayuntamiento de Castelló que se celebrará el próximo jueves 13 de julio por la cual piden al Ministerio de Fomento la transferencia de las competencias de las cercanías ferroviarias a la Generalitat Valenciana, derecho que prevé el Estatuto de Autonomía, como se ha hecho con otras comunidades autónomas.
Además, la declaración institucional también solicita a Renfe la adopción de una política de precios extraordinaria para paliar las deficiencias del servicio de transporte de viajeros, que tendría que concretarse en la bonificación de, al menos, el 50% del coste del billete.
Y es que la situación del servicio de cercanías entre Castelló y Valencia ha sufrido un grave deterioro en los últimos meses debido a las obras del tercer raíl. Miles de usuarios sufren las molestias de unas obras que se eternizan y que suponen reiterados retrasos, cancelaciones asiduas y otros contratiempos que han disminuido drásticamente la calidad del servicio.
Además, la reducción del número de trenes ha sido en sólo unos años de 80 a 38 trenes en la actualidad. El Ayuntamiento de Castelló ha hecho patente su malestar por esta situación, que ha conllevado una pérdida del 20% de viajeros, usuarios que tienen que buscar alternativas diariamente. Todo esto redunda en un decrecimiento de la actividad económica.
Por último, los tres grupos municipales piden al ministerio el establecimiento de un calendario de obras y puesta en servicio de Corredor Mediterráneo, que incluya una memoria económica para cada tramo, y realice las consignaciones presupuestarias adecuadas cada año para su cumplimiento.
El Plan de Cercanías 2010-2020, con una inversión inicial prevista de 3.400 millones de euros está sin ejecutar y no se ha licitado ningún proyecto, por la falta de financiación. Como tampoco se han aportado los 555 millones de euros a los cuales se había comprometido la Generalitat Valenciana.
