Castellón facilitará la movilidad laboral de las empleadas públicas víctimas de violencia de género
La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Castellón y concejala de Igualdad, Ali Brancal, y el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, junto al secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, han presentado hoy la adhesión del consistorio castellonense al convenio marco establecido entre la Conselleria de Justicia y la Federació Valenciana de Municipis i Provincies para impulsar la movilidad de las empleadas públicas entre administraciones por razón de violencia de género.
Dicho acuerdo, que se firmará próximamente entre la Conselleria y la FVMP establecerá el marco general de cooperación para impulsar la aplicación del principio de movilidad de las empleadas públicas entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana, por razón de violencia de género, dando efectividad al derecho contemplado en el artículo 82 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y los artículos 109 y 113.3 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV).
Al respecto, la vicealcaldesa ha manifestado que este acuerdo y la adhesión del Ayuntamiento de Castellón al mismo es "una de las formas que tenemos para ofrecer soluciones a los problemas que crea la violencia machista".
La también edil de Igualdad ha destacado que la iniciativa trata de "facilitar la movilidad entre administraciones de las mujeres víctimas de violencia de género. Se genera un grave problema cuando una mujer tiene que abandonar su lugar de residencia y trabajo por una cuestión de riesgo de su vida. Por tanto, estoy muy satisfecha de que esto sea, por fin, una realidad".
El secretario autonómico ha puntualizado que las trabajadoras públicas de las administraciones valencianas caracterizadas como "víctimas de violencia de género, podrán pedir una adscripción provisional a un lugar de trabajo en una administración distinta de la suya de origen". Se trata de un convenio marco "plenamente insertado en las políticas de la Generalitat para combatir la violencia de género. Ahora mismo estamos trabajando en la redacción del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género que se presentará por el Consell de la Generalitat durante la primera quincena de julio".
Además, también ha explicado que "la mujer que quiera pedir la adscripción provisional solo tendrá que reunir los requisitos legales para ocupar el lugar de trabajo de destino y mantendrá su nivel retributivo en la administración. Además, será ella quien decida a qué localidad querrá ir destinada".
Puchades también ha avanzado que "en el futuro deberíamos intentar hacerlo extensible al conjunto de las administraciones del estado que están presentes en el territorio valenciano. Este es el compromiso institucional para ir abriendo una vía también en el ámbito de la empresa privada que debe reconocer el derecho de las mujeres empleadas víctimas de la violencia de género".
Por su parte, el concejal Antonio Lorenzo ha declarado que "este es el compromiso de la administración local de Castellón por luchar no solo contra la violencia de género, sino también contra los efectos perversos que tiene esa violencia ejercida sobre las mujeres trabajadoras que ven cercenada su libertad de trabajar donde quieren por culpa de los terroristas que coartan su capacidad. Se trata de tener una administración decente que lucha por la igualdad y el respeto hacia todas las personas".
