Calles revela que el PP ha ordenado pagos de 10 millones de euros a dedo en el Ayuntamiento de Castellón a una empresa implicada en el ‘caso Gürtel’
El portavoz del PSPV insta al alcalde, Alberto Fabra, a dar explicaciones urgentes y creíbles y anuncia más fiscalización de las contrataciones del Gobierno local del PP
El portavoz socialista conmina al alcalde, Alberto Fabra, a dar explicaciones “urgentes” y “creíbles” sobre las cantidades satisfechas por el Ayuntamiento a Piaf, una de las constructoras que aparecen en el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Otras dos sociedades investigadas, Lubasa y Facsa, también son adjudicatarias habituales del Ayuntamiento de Castellón, con contratos millonarios por la gestión de servicios y la construcción de infraestructuras.
“El alcalde y el vicealcalde deben dar explicaciones convincentes sobre la conexión existente entre los pagos irregulares a estas empresas, al margen de la ley, y la posible financiación ilegal del Partido Popular que ahora se investiga”, apunta Calles. El dirigente socialista recuerda que Alberto Fabra se negó en febrero a facilitar al PSPV-PSOE la relación de los contratos de las empresas relacionadas con la trama Gürtel. “Ahora comprendemos que detrás de aquel silencio culpable había miedo a que descubriéramos la conexión municipal con esta supuesta trama de financiación ilegal del PP”, apunta.
Calles ha informado que la constructora castellonense Piaf percibió en 2008 un total de 4,36 millones de euros por obras y servicios que no habían seguido el cauce administrativo a través de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por el mismo concepto ha facturado 6,71 millones de euros en el primer semestre de 2009. A esas cantidades se unen 1,68 millones por el mantenimiento de edificios e instalaciones municipales, adjudicado en 2007 por concurso.
El PP legalizó los pagos de de ambos ejercicios presupuestarios de forma distinta. Las facturas de 2008 se dividieron en cuatro reconocimientos extraordinarios de crédito, un procedimiento que tienen las administraciones públicas para pagar deudas acumuladas con los proveedores por contrataciones que vulneran la legalidad. En cambio, los pagos de 2009 se regularizaron por medio de la operación especial de endeudamiento autorizada por el Gobierno a las entidades municipales para sanear la deuda pendiente con empresas y autónomos.
El grupo municipal socialista se ha opuesto en todas las sesiones plenarias al reconocimiento de estas facturas irregulares, ante la sospecha de que podían ocultar pagos de difícil comprobación, como apuntaban los informes técnicos. El equipo de gobierno pagó facturas a dedo por un total de 16,8 millones de euros durante 2008. Sólo en los seis primeros meses de 2009 los reconocimientos extrajudiciales de crédito alcanzaron los 18 millones de euros.
Calles anuncia que el grupo municipal socialista intensificará las medidas de fiscalización y control de las contrataciones municipales, a pesar de las “trabas” de los concejales populares. “Alberto Fabra tiene la oportunidad democrática de optar por la transparencia o por la opacidad. Si persiste en la negativa a facilitar información al PSPV, se encontrará con una oposición feroz, que no piensa transigir ante la sospecha de corrupción y que está dispuesta a aflorar todas las ilegalidades del PP en el Ayuntamiento de Castellón”.
Es increíble que una noticia como esta no haga temblar los cimientos del Ayuntamiento. El pueblo de Castellón no reacciona ni aunque le tiren un caldero de aceite hirviendo. Y mientras tanto, los dineros de nuestros impuestos están llenando las carteras de empresarios sin escrúpulos y de partidos políticos que han perdido la poca decencia que les quedaba. Si es que alguna vez tuvieron alguna.