El Colegio de Procuradores prepara un protocolo administrativo sobre los desahucios para garantizar la vivienda social
El Colegio de Procuradores de Castellón ha iniciado los trámites junto con la Audiencia Provincial y el Ayuntamiento de Castellón para aprobar un protocolo administrativo que establecerá los cauces a seguir en el caso de los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria.
Los desahucios representan un problema social que es preciso afrontar con el consenso de todas las instituciones y organismos públicos que intervienen: tribunales, operadores jurídicos y Ayuntamiento, subraya Rubio.
Desde el Colegio de Procuradores de Castellón, con su decana Carmen Rubio como portavoz, resaltan como existe cierta confusión ante este tema y aclaran como los desahucios no van a ser paralizados y son los procuradores los que tienen que estar presentes en estos actos judiciales. Más en concreto durante este mes de julio están previstos 82 desalojos y un 60% de ellos son ejecuciones hipotecarias y algunos de ellos ya han tenido lugar.
Para evitar el drama humano que ocasionan los desahucios en la vivienda principal, el Colegio de Procuradores con Carmen Rubio como representación, la Audiencia Provincial con su presidente Marco Cos y el Ayuntamiento municipal están trabajando en un protocolo que derive a bienestar social a aquellas personas que se queden sin vivienda, representando estos casos un porcentaje poco significativo.
El objetivo que se persigue con este protocolo es detectar el grado de necesidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar su vivienda en ejecución de una resolución judicial, de manera que se les pueda procurar un alojamiento alternativo, previa valoración de los Servicios Sociales municipales.
Está previsto que este documento esté consensuado a finales de mes. Por ello la Concejalía de Vivienda Social, Participación Ciudadana e Igualdad está trabajando para conocer la disponibilidad de los pisos municipales para ponerlas a disposición de la ciudadanía.
