El PSPV denuncia al Ayuntamiento ante la Fiscalía por presunta prevaricación y daños sobre el patrimonio histórico en el Ribalta
El portavoz socialista, Juan María Calles, ha presentado la denuncia en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno, al concluir sin respuesta el plazo legal para que estas administraciones paralizaran las obras tras los requerimientos formales presentados hace dos semanas. “La vía del diálogo institucional y del diálogo social se ha agotado sin que el Partido Popular haya atendido las llamadas a la sensatez que ha realizado la oposición socialista y sin escuchar el clamor ciudadano contra el proyecto”, afirma.
La denuncia sustanciada por el grupo socialista atribuye a la Conselleria de Infraestructuras un posible delito contra el patrimonio cultural y otro de prevaricación. Según se detalla en el escrito de denuncia, este departamento autonómico ha iniciado las obras sin esperar a la redacción y aprobación del plan especial de protección al que obliga la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, por realizarse en un BIC. Tampoco se han realizado las excavaciones arqueológicas en el Fuerte de la Libertad y en un refugio de la guerra civil, tal como exigía la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat.
El Ayuntamiento de Castellón sería penalmente responsable, en la persona de su alcalde, Alberto Fabra, de los mismos supuestos delitos. En ese caso, se resalta que se habría omitido la obligación de defensa de los bienes de propiedad municipal, tal y como marca el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
En última instancia, se señala a la Conselleria de Cultura como responsable de un delito de prevaricación y contra el patrimonio por omitir la obligación de paralizar las obras, como establece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. La denuncia también recuerda que Cultura impuso diez “condiciones indispensables” para autorizar el proyecto a Infraestructuras, pero ninguna de ellas se ha ejecutado.
“El alcalde ha antepuesto los intereses políticos a los de la ciudad y el presidente del Consell ya no atiende las reivindicaciones de Castellón, porque está más preocupado por los correosos asuntos que le han llevado ante la Justicia. Los socialistas no vamos a consentir que Alberto Fabra y Francisco Camps le hagan un traje de hormigón al parque Ribalta”, dice Calles. “No consentiremos que devasten el patrimonio cultural y artístico de Castellón”.
“Había dos caminos para afrontar el proyecto: el de la barbarie y el de la legalidad. Fabra y Camps han elegido el de la barbarie, cuando a los ojos de la inteligencia resultaba más sensato y más respetuoso buscar un itinerario alternativo para el Tram. Los principales organismos académicos y culturales de la Comunitat Valenciana así lo expusieron en sus dictámenes”, expone.
Calles insta a la Fiscalía a abrir diligencias para el esclarecimiento de los hechos, que considera de “especial transcendencia”, al entender que la actuación podría causar daños irreparables en el BIC, de ahí que reclame también la paralización inmediata y cautelar de las obras.“Desde el grupo socialista apelamos a la vía de la legalidad y de la Justicia para tratar de conseguir parar la barbarie. Creemos que nos guía la razón social, la razón política, la razón legal… y estamos absolutamente empeñados en conseguir que un Bien de Interés Cultural como el parque Ribalta no sufra el gran atentado patrimonial que la Generalitat y el Ayuntamiento están perpetrando”, concluye.
