Peris afirma que las pólizas de crédito que firma el alcalde de Castellón desmienten la “buena gestión” económica municipal

El concejal socialista de Economía, Javier Peris, desmiente el “triunfalismo económico” que intenta trasladar el equipo de gobierno municipal de Castellón. “La realidad del Ayuntamiento es la que es y el mantra de la presunta buena gestión del alcalde es una estrategia propagandística, pero que no tiene nada que ver con la situación en la que se encuentran las arcas municipales”, indica.

Peris resalta el hecho de que el Ayuntamiento ha tenido que firmar una póliza de 8 millones de euros con una entidad bancaria para poder pagar a los proveedores y las subvenciones comprometidas con organizaciones sociales y vecinales, según indicó el alcalde. Hasta ahora, el Ayuntamiento paga a los suministradores municipales con un retraso de 99 días, cuando la ley estipula que la Administración debe pagar en un máximo de 30 días.

“Si hubiera una buena gestión económica, el Ayuntamiento no tendría que acudir a los bancos tan a menudo para solventar sus problemas de liquidez”, argumenta Peris. “Bataller no sabe ya qué hacer para que le cuadren las cuentas. El despilfarro de tantos años ha dejado al Ayuntamiento atado de pies y manos, sin capacidad de invertir y desarrollar acciones de fomento del empleo”, indica.

Además, el concejal remarca que la necesidad de buscar financiación externa pone en evidencia que los planes de ahorro y las medidas de estabilidad económica implantadas por el grupo popular “no funcionan”. “El PP pretende vender la moto de la bonanza económica, con el único afán de engañar a los incautos, pero la verdad es que no está siendo capaz de poner orden en las finanzas municipales con eficacia”, resalta.

Los socialistas de Castellón han incidido desde el principio del mandato en el “caos” de las cuentas municipales. La deuda viva municipal ronda los 113 millones de euros, el incremento de un 12% de la presión fiscal en tres años y los “más que habituales” reconocimientos extrajudiciales de crédito de millones de euros en facturas adjudicadas a dedo, sin control de la supervisión municipal o sin consignación presupuestaria previas.