Compromís denuncia que las obras de la sede de la FVMP en dependencias de la Diputación "podrían haber carecido de licencia municipal"
Las polémicas obras para acondicionar un inmueble de la Diputación anexos a las nuevas dependencias de la Avenida Vall d’Uixó pero recayentes en la calle Cardenal Costa, que costaron más de 200.000 euros pero nunca llegaron a aprovecharse, podrían además estar fuera de la legalidad urbanística.
Así pues, el convenio firmado en 23 de julio de 2008 entre la Diputación Provincial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la primera cedía el uso de 200 m2 cuadrados de dependencias de la Diputación, durante un año, prorrogable, para que la FVMP instalase en Castelló una sede. En el convenio, se regula que será la FVMP quien se hará cargo de las reformas necesarias previa autorización de la Diputación y el pago de tasas, y todas las obras y mejoras realizadas quedaran en propiedad exclusiva de la Diputación una vez termine este convenio.
Según la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y Obras (ICIO), ni la Diputación ni la FVMP están excluidas del pago de éste impuesto que afecta a la realización dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para las que se exijan obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.
Así, en diciembre de 2008 se pagó 69.584,02 euros por la primera certificación de las obras, en enero de 2009 68.349,98 por las obras de la segunda fase, y en diciembre de 2009 49.996.30 euros por el fin de obra (además de 16.704 en mobiliario).
Según la documentación a la cual ha tenido acceso el Grupo Municipal de Compromís en el ayuntamiento de Castelló, la única licencia urbanística que se otorgó a la Diputación para dependencias en la zona de Nuevas Dependencias y anexos, es de febrero de 2010, muy posterior al supuesto inicio de estas obras autorizadas. La licencia de 2010 podría referirse a otras dependencias anexas, y no a la facturada a la FVMP (edificio ocupado ahora por “Formación”, por ejemplo).
Esta licencia necesitaba del otorgamiento de una liencia ambiental, que se desconoce si se tenia, y en el expediente se expone como el informe jurídico de esta actuación era desfavorable, pero a pesar de ello, se otorgó dicha licencia. No constaría, igualmente, ninguna licencia otorgada por el ayuntamiento a la FVMP. Por todo ello, se puede entender que las obras efectuadas en estas dependencias en 2008 y 2009, no habrían pagado el preceptivo ICIO y estarían presuntamente fuera de la legalidad.
Curiosamente, el convenio firmado en 23 de julio de 2008 establecía un plazo de un año de cesión de este local, prorrogable siempre y cuando la Diputación lo estimase, pero sin ningún compromiso a hacerlo. Las obras, según la facturación hecha, duraron más de un año (el final de obra ser certificó en diciembre de 2009), y las dependencias nunca llegaron a usarse a pesar de la elevada inversión realizada. La empresa que facturó estas obras, es PIAF, implicada entre otras, en el caso Gürtel.
Desde Compromís, el diputat provincial Enric Nomdedéu va a pedir en la Diputación Provincial explicación sobre las prórrogas concendidas, las autorizaciones y valoraciones de las obras realizadas, los compromisos actuales con la FVMP sobre este espacio, y explicaciones sobre a qué dependencias se corresponden las obras autorizadas en enero de 2010 . Compromís, mediante su portavoz en en la FVMP, Rafa Climent ya ha anunciado que reclamará en la próxima reunión de la Junta de Portavoces que se celebrará el próximo jueves día 27 de marzo explicaciones sobre todo este caso.
