Los socialistas de Castellón piden devolver a los funcionarios municipales una parte de la paga extra “que Rajoy les quitó en 2012”
La medida evitará al Ayuntamiento pagar las costas procesales por los juicios a los que se enfrenta la Administración local
Los socialistas han presentado una moción para que el Ayuntamiento de Castellón abone a los funcionarios y personal laboral una parte de la paga extra que el Gobierno de Rajoy les quitó en diciembre de 2012. En las últimas semanas se están conociendo decenas de sentencias en las que se reconoce a los trabajadores el derecho a percibir una cuarta parte de la paga, ya que la medida se aprobó a mitad de julio, mientras que el derecho a percibir la extraordinaria comienza el 1 de junio.
“Con la propuesta que planteamos los socialistas no solo hacemos un acto de justicia con el personal municipal, que verá recuperado un derecho que se les quitó de forma abusiva, sino que además evitaremos que el Ayuntamiento tenga que pagar las costas procesales en los procesos judiciales que hay abiertos ahora por parte de algunos sindicatos contra esta medida. Todos salimos ganando”, afirma la concejala Patricia Puerta.
El Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, en aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprimió íntegramente la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a todos los empleados y empleadas del sector público, entre ellos los del Auntamiento de Castellón.
Los trabajadores afectados y las organizaciones sindicales recurrieron la decisión gubernamental de forma masiva y en estos momentos son numerosas las sentencias que declaran el derecho de los trabajadores y trabajadoras afectadas a percibir la parte proporcional de dicha paga extraordinaria por los días devengados durante el período comprendido entre el 1 de junio al 14 de julio de 2012, atendiendo a la inconstitucionalidad que supone la aplicación de la retroactividad de dicha disposición, puesto que la entrada en vigor del real decreto fue el 15 de julio de 2012.
La última sentencia conocida es la emitida por el Juzgado de lo Social número 3 de Castellón, que ha condenado al Consorcio Hospitalario del Hospital Provincial de Castellón al pago de la parte devengada de la paga. En la sentencia se cita que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en fecha 10 de octubre de 2013, resolvió un conflicto planteado en los mismos términos y recuerda en los fundamentos de derecho que se establece como una “garantía constitucional” la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.
