El PSPV informará de la sentencia del “caso Mestrets” al Parlamento Europeo
El portavoz municipal socialista, Juan María Calles, contactará con los eurodiputados que visitaron a los afectados en marzo de 2007 para denunciar el abuso urbanístico
El líder socialista remitirá un dossier con la sentencia al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Marcin Libicki, y al eurodiputado inglés Michael Cashman, que visitaron la zona afectada por el PAI en marzo del año pasado. Los parlamentarios europeos se comprometieron a hacer un seguimiento del caso para garantizar un trato digno a los propietarios de suelo.
La misma información será enviada a la eurodiputada danesa Margarete Auken, que ha sido designada ponente de un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea, bajo el título El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea. El informe le ha sido encomendado a la Comisión de Peticiones por la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo.
“Los vecinos de Els Mestrets han visto como se vulneraban sus derechos y como se les pisoteaba su dignidad”, afirma Calles. “El alcalde y el Partido Popular han sido insensibles a la situación desesperada a la que se sometía a los propietarios, que se han convertido en las primeras víctimas de una situación que al final ha acabado perjudicando a toda la ciudad”, agrega.
Calles exige una disculpa pública a los dirigentes populares que recriminaron la misión fiscalizadora de la delegación parlamentaria. Entre ellos, el entonces conseller de Territorio y ahora vicesecretario general del PP, Esteban González Pons. “La sentencia del TSJ acredita que las denuncias planteadas por los propietarios estaban justificadas en el derecho y en el sentido común”.
El portavoz socialista cuestiona la capacidad del alcalde, Alberto Fabra, para gobernar la ciudad “con arreglo a la ley, a la justicia y a la responsabilidad social”. Según Calles, el “desmadre urbanístico” que ha propiciado el equipo de gobierno tendrá repercusiones negativas a corto y largo plazos en Castellón.
La primera consecuencia, a su juicio, será el recorte de la inversión pública de la Generalitat en 2009, ya que la anulación de la modificación puntual número 6 del PGOU que ha decidido el TSJ deja en el aire los proyectos del Centre de Convencions de Calatrava, la nueva sede de la VIU, la Ciudad Deportiva, la ronda de circunvalación y la construcción de 6.000 viviendas, la mitad de ellas de VPO.
“Fabra le ha dado una coartada magnífica a Camps para que el Consell invierta aún menos y la deuda histórica del Gobierno valenciano con Castellón pronto alcanzará los 300 millones de euros”, puntualiza el portavoz socialista. “Los ciudadanos deben tomar nota de las maneras de gobernar de los que se han convertido ya en los peores dirigentes municipales de Castelló en toda la etapa democrática”, concluye.
