Isonomía denuncia la falta de transportes públicos accesibles para las personas con discapacidad
El Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomía, financiado por la Fundación MAPFRE, en su séptimo año de trabajo, quiere denunciar los agravios soportados por el colectivo de las personas con diversidad funcional a la hora de desplazarse debido a la escasez de transportes públicos que sean realmente accesibles.
Durante la primera reunión de 2008 algunas personas asistentes detallaron ejemplos de la falta de accesibilidad, como las que encuentran las personas usuarias de sillas de ruedas en muchos de los autobuses que cubren las líneas urbanas de la ciudad de Castellón que, aunque constan como adaptados al estar dotados de rampas automáticas, en realidad son inaccesibles porque las mismas dejaron de funcionar por falta del debido mantenimiento. Lo mismo ocurre en el caso de las rampas manuales que llevan los nuevos autobuses, que tampoco garantizan la accesibilidad al depender de la buena voluntad de las/los conductoras/es que quieran desdoblar la rampa.
Por su parte, las alternativas que se presentan son insuficientes, pues la opción del transporte adaptado que presta sus servicios de puerta a puerta de manera gratuita, y que es muy importante sobre todo para las personas que manifiestan una gran discapacidad, tiene el problema de que la demanda supera la capacidad de su oferta actual, además de que sus horarios no abarcan todo el día, sobre todo los fines de semana y festivos cuando sólo hay un vehículo cubriendo la prestación, y con un horario muy reducido, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 h., limitando mucho las actividades de las personas que dependen de este transporte para poder desplazarse. Asimismo, también son escasos, en nuestra provincia, los taxis adaptados para transportar personas con diversidad funcional sentadas en sus propias sillas de ruedas, sin necesidad de transferencias.
En la reunión se debatió acerca de la reciente publicación del REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, entre cuyos epígrafes aparece que al menos el 5% de las licencias de taxi deben cumplir las exigencias de accesibilidad en un plazo menor a diez años.
Desde el grupo se insta a las administraciones a que aceleren la aplicación de las normativas que contiene el citado Decreto, así como que velen por su cumplimiento, para que la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional sea una realidad y no una mera declaración de buenas intenciones.
