El PP exigirá al Gobierno un informe de viabilidad ambiental de las desaladoras y su afección al entorno marino y terrestre
Marta Gallén ha presentado hoy esta declaración institucional junto con el patrón mayor
Así lo ha confirmado Gallén en una comparecencia pública en la que ha estado acompañada por Ramón Salvador, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores. “Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón nos vamos a oponer a la construcción de la desaladora de Oropesa, una construcción que resultaría fatídica para el medioambiente marino y para un sector que está atravesando sus peores años como el de la pesca”, ha dicho la portavoz adjunta.
En primer lugar Gallen ha recordado que ya en el año 2007, la sociedad Acuamed autorizó la adjudicación de las obras de la desalinizadora de Oropesa-Cabanes y la licitación de la planta de Moncófar, ambas en Castellón. Estas obras suponen, tendrían asignada una inversión muy importante de 106 millones de euros.
La posibilidad de construcción de plantas desaladoras o desalinizadoras en las poblaciones costeras de Castellón es la consecuencia directa de la derogación del Trasvase del Ebro por parte del Gobierno Zapatero. “El PSOE piensa que, a través de las desaladoras, conseguirá obtener el agua podría haber llegado a través de un trasvase. Lo que nunca han reconocido es que esta agua es más cara y provoca más emisiones de CO2 a la atmósfera. Y, por si esto fuera poco, las desaladoras vierten al mar una importante cantidad de salmuera que resulta fatal para la vida marina”, ha explicado Gallén, quien ha destacado que sustituir el agua del Trasvase, unos 850 Hectómetros cúbicos, a partir de las desaladoras supone enviar a la atmósfera más de 3,3 millones de toneladas de CO2.
Y diferentes informes del Centro de Estudios de Puertos y Costas, del Instituto Español de Oceanografía, la Universidad de Barcelona o la Universidad de Alicante, entre otras, advierten del peligro que supone para las praderas de posidonia. Con esta amenaza se pone en riesgo a uno de los fondos marinos más ricos del mediterráneo como es el que tiene nuestra provincia y también a las capturas de nuestro sector pesquero, ha dicho Gallén.
“Con todo ello el PSOE y el gobierno de España parece que quieren convertir el Mediterráneo en el próximo Mar Muerto, ya que apuestan por verter toneladas y toneladas de sal y acabar con toda la vida marina. Por eso, para evitar la afección al medio marino de nuestra costa y, por extensión al sector pesquero, desde el grupo municipal del Partido Popular hemos propuesto una moción en la que exigimos al Gobierno la Paralización de los proyectos de construcción de las plantas desalinizadoras que están previstas en el litoral castellonense, como son las de Moncofa y Oropesa”, ha proseguido la teniente de alcalde del Grao, quien ha afirmado. En el caso de la desaladora de Oropesa-Cabanes, los trabajos se encuentran muy avanzados. Pero de lo que nadie ha informado es de a dónde van a ir a parar los restos de sal producto de esta desalación.
Eso sí, “conocemos la manera en que se van a deshacer de esos residuos que serán a través de un emisario, una tubería que se adentrará en el mar casi un kilómetro (unos 750 metros) vertiendo toda la salmuera de vuelta al mar. Esta acción representaría, además, el fin de la pradera de posidonia de nuestra costa, que es, ni más ni menos, que la garantía de contar con unas aguas en buen estado y que permiten la reproducción de peces y el resto de flora marina. La acumulación de sal en nuestro territorio supondría otro peligro, en este caso para el agua y los manentiales de la capa freática, que representa una de las mayores riquezas de nuestras comarcas”.
Gallén ha dicho que por lo que la alternativa a deshacerse de esta salmuera en tierra también supondría un riesgo para el medioambiente, con lo que la mejor opción, sin lugar a dudas es paralizar estos trabajos y evitar cualquier tipo de vertido. “O al menos, que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, aporte informes o estudios que permitan saber qué se puede hacer con la salmuera resultante de la desalación para que no perjudique ni a la vida marina ni a la terrestre. Y también exigimos que se pongan en marcha las medidas para que se evite cualquier afección al ecosistema y a la economía de nuestra provincia, como sería el daño causado a las miles de familias que viven de la pesca en nuestro litoral”, ha dicho Gallén.
Por eso, con esta Declaración Institucional “exigimos al Gobierno de la Nación que elabore, cuanto antes, un informe de viabilidad ambiental de las desaladoras que están construyéndose o se tiene previsto construir en el litoral de Castellón, así como se afección al entorno marino y terrestre”.
Y el segundo de los acuerdos que “llevaremos a la aprobación del pleno, queremos reclamar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y marino la elaboración de un proyecto de tratamiento de la salmuera de manera que estos residuos. Porque esta salmuera es altamente contaminante y provocaría la desaparición de la vida en los fondos marinos”.
Pero “tampoco queremos que estos residuos lleguen a la tierra y que puedan suponer un perjuicio para nuestro ecosistema y las actividades agrícolas y pesqueras de la provincia. Hay que tener también en cuenta que en los últimos años, coincidiendo con el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, nuestro litoral, su diversidad y la vida natural que se encuentra en el están en claro peligro. Sólo tenemos que echar un vistazo a la polémica de los chiringuitos, al enfrentamiento continuo con el sector pesquero y al abandono en sus reivindicaciones. Pero también con esta grave amenaza de las desaladoras o las prospecciones junto a las Islas Columbretes, que esta misma semana aprobaban con los votos socialistas en el Congreso de los Diputados, a pesar que el Senado las rechazó con la mayoría del Partido Popular”.
Y es que ejemplos como estos son los que muestran como el Gobierno de España está perjudicando con sus decisiones, de manera grave, los intereses económicos y la preservación del medioambiente en esta provincia. “Y, como no puede ser de otra forma, el Ayuntamiento de Castellón debe oponerse y plantar cara a esta clase de amenazas. Ese el objetivo que persigue esta declaración institucional que esperamos cuente con el apoyo de todos los grupos políticos en el pleno. Lo que reclamamos es, ni más ni menos, que lo mismo que pediría cualquier vecino o vecina de nuestra ciudad: defender nuestra tierra, a nuestra naturaleza, a nuestros trabajadores y trabajadoras del sector pesquero, a nuestro turismo”, ha dicho la portavoz adjunta, quien ha afirmado que, en definitiva, “lo que perseguimos con esta Declaración Institucional es defender los intereses de Castellón”.
MALESTAR ENTRE LOS PESCADORES
Por su parte, Ramón Salvador ha denunciado que hoy mismo han recibido un escrito del Ministerio de Medio Ambiente diciéndoles que los estudios que remitieron en el 2006, son ahora remitidos junto el informe de la Dirección General de fecha 1 de marzo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que es quien deberá contestar su solicitud. Y es que con fecha de 16 de enero tuvo entrada el proyecto 'Desaladora de Oropesa del Mar y Obras Complementarias' “y ahora, después de cinco años nos contestan esto”, ha dicho Ramón Salvador.
El patrón mayor ha denunciado que la salmuera perjudica a la posidonia que crea oxígeno para la fauna y cuando ésta se quema, ya no hay oxígeno y los peces se mueren o emigran a otros lugares. “Es una vergüenza que el Gobierno Central actúe de esta manera porque está perjudicando al sector pesquero”, ha dicho el representante de los pescadores castellonenses.
