Marco propondrá al pleno que el Ayuntamiento de Castellón inicie acciones ante la Generalitat para exigir el reparto de la herencia Martell

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, anuncia la presentación de una iniciativa para que el pleno debata las acciones a emprender ante la Generalitat para exigir el reparto de la fortuna de la labradora castellonense Josefa Martell Farcha, que falleció en 1988 sin realizar testamento y sin parientes. “El Ayuntamiento debe tomar la iniciativa y responder de forma contundente ante el Consell, que lleva más de diez años incumpliendo una sentencia judicial”, afirma.

El Tribunal Supremo sentenció en 2002 que la Generalitat Valenciana se había apropiado indebidamente de la fortuna de Josefa Martell, pero nunca ha habido voluntad política de clarificar qué ha pasado con la herencia. Los socialistas de Castellón consideran “urgente” que el alcalde y el presidente de la Generalitat aclaren “de una vez por todas” el volumen de la herencia y la situación legal de los bienes.

“Tanto en el Ayuntamiento como en las Corts Valencianes hemos instado en decenas de ocasiones a ambas administraciones públicas a dar cuenta de la situación real en que se encuentra el procedimiento administrativo para el reparto de la herencia de los bienes de Josefa Martell Farcha”, indica Marco. El volumen de la herencia se estima en decenas de millones de euros, aunque debido al “oscurantismo” existente, no se ha podido clarificar el montante económico definitivo de la herencia.

“El PP debe clarificar dónde está el dinero de la herencia Martell”, indica. “El Ayuntamiento tiene que dar un paso adelante y salir en defensa de las ONG de Castellón, que se beneficiarán del reparto de la herencia en unos momentos difíciles, con una gran necesidad de proyectos solidarios y ante los impagos del Gobierno valenciano, que están abocando a muchas organizaciones a la desaparición”.

La herencia de la castellonense Josefa Martell debía haberse distribuido entre el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación y la Generalitat. La Ley exige que una comisión tripartita distribuya la herencia entre entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Consell retrasa la distribución y el Ayuntamiento no ha presentado reclamación alguna al respecto, a pesar de que fue el propio consistorio el que interpuso el recurso contra la Generalitat, cuando la gobernaba el socialista Joan Lerma.