Marco destaca el ahorro de 6,9 millones de euros a la ciudadanía con la reforma fiscal

La segunda reforma fiscal impulsada por el Gobierno municipal de Castellón supondrá un ahorro para la ciudadanía en torno a los 6,9 millones de euros. La modificación de las ordenanzas fiscales que se votaron en el pleno celebrado el 26 de octubre romperá la escalada de la presión fiscal propiciada por los anteriores gobiernos de la derecha.

“El objetivo del Gobierno municipal es mejorar la gestión de los servicios públicos y generar nuevas oportunidades de bienestar, pero sin que eso suponga una mayor carga sobre los contribuyentes”, explica la alcaldesa, Amparo Marco. “El control del gasto público y la austeridad permiten que podamos hacer más con menos”, afirma.

Las modificaciones propuestas por la Concejalía de Gestión Municipal afectan, principalmente, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El coeficiente del IBI baja del 0,74% hasta el 0,69%, lo que supone un descenso del 7,7%. A la reducción del coeficiente se unirá la bajada de los valores catastrales solicitada por el Ayuntamiento al Ministerio de Economía, que aplicará una bajada lineal del 9,1% en el precio de los inmuebles. En el caso del IBI de rústica el descenso es de un 25%, similar al del año anterior.

“Si el pleno no hubiera cambiado las ordenanzas fiscales, los contribuyentes de Castellón hubieran pagado casi 7 millones más de euros en el IBI. Las medidas adoptadas por este Gobierno municipal permitirán que ese dinero se quede en las economías domésticas, que podrán dedicarlo a mejorar su día a día y tener más bienestar personal”, afirma Marco.

La alcaldesa reitera que la modificación de las ordenanzas fiscales ha supuesto un reparto más equitativo de las cargas fiscales, dentro de los márgenes que permite la restrictiva legislación estatal. “El Pacte del Grau tiene como uno de sus principios básicos en materia de fiscalidad el de avanzar en la progresividad y la segunda reforma fiscal va en esa línea”, destaca.

Marco recuerda que también habrá un descenso en la presión fiscal en otros impuestos, como es el caso del impuesto de construcciones, que baja del 3,75% al 3,5%. El Gobierno municipal ha considerado que la actividad de la construcción ha sufrido en los últimos años los envites de la crisis y ahora se aprecian indicios de la recuperación sostenible del sector, impulsado principalmente por la rehabilitación de edificios.