El grupo socialista de Castellón rechaza la contrarreforma de la ley del aborto
Una iniciativa plenaria reivindica el derecho de la mujer a la maternidad libremente decidida
Los socialistas de Castellón reivindican el derecho de la mujer a una maternidad libremente decidida, que, entre otras cosas, implica que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. El grupo municipal socialista ha presentado una declaración institucional para que el pleno rechace el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Vida del Concebido y de la Mujer Embarazada y a la regresión que ello supondría en el caso de transformarse en Ley.
“Queremos recordar al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la Constitución y rechazamos cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa”, afirma la concejala socialista de Igualdad, Carme Oliver. La iniciativa ha sido promovida desde la ejecutiva local del PSPV de Castellón.
Los socialistas remarcan la necesidad de mantener vigente la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que “no sólo ha supuesto un consenso básico muy mayoritario en la sociedad española, sino que ha permitido la reducción significativa del número de abortos”.
El Consejo de Ministros del pasado día 20 de diciembre aprobó el informe del Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Protección de Vida del Concebido y la Mujer Embarazada, norma que supone una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo al suprimir el derecho al aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno socialista.
La “contrarreforma ultra” del PP supone la vuelta a una ley de indicaciones más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas. Además, elimina la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal y “supone la fiscalización intolerable respecto al supuesto riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y serán profesionales externos los que decidan por ella”.
