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Fabregat denuncia la desprotección de más de 150 menores al no prestarse desde hoy el Servicio de Ayuda a Domicilio Educativo

Fabregat denuncia la desprotección de más de 150 menores al no prestarse desde hoy el Servicio de Ayuda a Domicilio Educativo
  • Fabregat, ha preguntado hoy en Comisión Informativa por las razones que han llevado a extinguir este servicio después de 19 años, que sí mantienen otras localidades como Vila-real, y que ha dejado a siete trabajadoras sin empleo

La concejala del Grupo Municipal Popular, Susana Fabregat, denuncia la desprotección de más de 150 menores en riesgo de exclusión social al decidir el gobierno municipal prescindir desde el 31 de diciembre del Servicio de Ayuda a Domicilio Educativo, que prestaba una empresa externa a las familias desde hace 19 años. “La decisión unilateral tomada desde la Concejalía de Bienestar Social empieza a tener sus consecuencias, hoy no ha funcionado el servicio ‘despertador’ que trata de combatir el absentismo escolar. Las trabajadoras, que están de baja desde el día 1 de enero, no han podido prestar el servicio y no han sido sustituidas por nadie”, señala Fabregat.

En este sentido, la edil popular lamenta que el año haya empezado mal, tanto para los menores más vulnerables, como para las siete trabajadoras que se han quedado en paro. “Si este es el gobierno municipal de las personas, el que dice defender las causas sociales, desde luego no lo está demostrando. No lo hecho al cesar un servicio que sí mantienen en otras localidades como Vila-real, con un funcionamiento idéntico al que se prestaba hasta ahora en Castellón. Y que después de 19 años activo no había suscitado ninguna queja”.

Fabregat ha pedido hoy en Comisión Informativa explicaciones al respecto, sin ninguna respuesta concreta, “el único motivo es el interés por remunicipalizar este servicio, por mera voluntad política, llevándose por delante 19 años de dedicación plena de las trabajadoras que hoy están en paro”. “El concejal de Bienestar Social ni siquiera se ha tomado la molestia de valorar alternativas al despido de estas 7 trabajadoras afectadas, con las que asegurar un servicio de calidad a las familias, porque no hay que olvidar que estamos hablando de más de 150 menores acogidos al Servicio de Ayuda a Domicilio Educativo en la ciudad de Castellón y que su protección debe estar por encima de todo”, añade.

Ante esta problemática, “desde el gobierno municipal niegan que se vea afectada la calidad del servicio, pero la prueba más evidente es que esta mañana a las 7.00h, cuando empieza el programa despertador, nadie ha acudido a sustituir a las trabajadoras que venían asistiendo a las familias para acompañar a los menores a sus respectivos colegios. Ni siquiera las propias familias han sido avisadas por el Ayuntamiento de los cambios que han previsto, de la sustitución del personal o de si piensan hacer modificaciones en los programas durante el presente año”, explica Fabregat.  

El Grupo Municipal Popular mantuvo a principios del mes de diciembre una reunión con las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Educativo afectadas por el cierre y, desde entonces, asegura Fabrefat, “estamos en contacto con ellas siguiendo atónitos y preocupados el descontrol que lleva este equipo de gobierno al que parece que han dejado de importarle las personas, especialmente los menores más vulnerables, con quienes se venía actuando”.

“Exigimos al concejal del Bienestar Social, José Luis López, que explique las verdaderas razones por las que ha decidido poner fin a un servicio de carácter social a través de una concesionaria que venía funcionando desde hace 19 años en Castellón. Estamos ante una desafortunada y negativa decisión de carácter ideológico y político, con desastrosas consecuencias”, añade Fabregat.

Para Fabregat que el concejal de Bienestar Social se acabe escudando en la modificación de la ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat Valenciana de servicios inclusivos de la Comunitat Valenciana, según la cual son los ayuntamientos los que pueden asumir este servicio, “no es razón suficiente, porque la Ley sólo ofrece la posibilidad, no obliga a ello. De hecho es que en otros Ayuntamientos, como Vila-real, no han cambiado su modelo y están dentro de la legalidad”.

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