Compromís propone un plan de acción para hacer frente a la crisis habitacional en Castelló

Compromís llevará al próximo pleno una propuesta que busca reactivar las políticas públicas de vivienda en Castelló. Con esta moción, la formación pretende dar respuesta a una crisis habitacional agravada por el incremento del precio del alquiler —con subidas del 11,6 % en 2023 y del 11,3 % en 2024— y una edad de emancipación que ya se sitúa en los 30 años. Una situación que afecta especialmente a los jóvenes, pero también a familias monoparentales y personas en situación vulnerable.

Ignasi Garcia, portavoz de la formación, ha denunciado la parálisis del equipo de gobierno ante una situación cada vez más grave: “Ante la inacción del gobierno de la señora Carrasco, queremos que el Ayuntamiento de Castelló asuma un papel activo para intentar paliar la crisis habitacional que vive la ciudad: el incremento del precio del alquiler, la falta de vivienda protegida y la ausencia de vivienda social hacen imprescindible una respuesta inmediata. Por eso presentamos una propuesta con ocho medidas para que el consistorio facilite realmente el acceso a la vivienda a la sociedad castellonense”.

Ante este contexto, Compromís propone la actualización del Plan Estratégico de Vivienda, que finaliza en 2025, y la planificación del siguiente periodo con medidas realistas y orientadas a resultados. Entre las propuestas clave destaca la declaración de zonas tensionadas en Castelló para limitar la escalada de los precios del alquiler, así como la construcción de nuevas viviendas de alquiler social, con el apoyo de la Generalitat y la financiación de los fondos europeos.

Además, la propuesta incluye la finalización de las obras de rehabilitación en las viviendas sociales ya existentes y la recuperación del convenio con la Fundación APIP-ACAM, que hasta hace poco permitía acondicionar viviendas para familias vulnerables y que el gobierno municipal ha decidido eliminar de los presupuestos de 2025.

Compromís plantea también la necesidad de firmar convenios con la Generalitat para establecer mecanismos de control sobre el uso turístico de las viviendas, un fenómeno que agrava la presión sobre el mercado residencial y dificulta aún más el acceso a una vivienda para la población local.

Finalmente, la formación defiende garantizar que ninguna de las 665 viviendas protegidas previstas en las unidades de ejecución de Censal, Donoso Cortés y Soler i Godes se convierta en vivienda de renta libre. Estas unidades, contempladas en el Plan General aprobado durante el Acord del Grau y el gobierno del Fadrell, representan una oportunidad clara para ampliar la oferta pública. Compromís recuerda que en abril de 2024 el actual gobierno ya reconvirtió 24 viviendas de protección oficial en viviendas de renta libre, un precedente preocupante que refuerza la necesidad de blindar jurídicamente el carácter protegido de estas promociones.

Con esta iniciativa, Compromís quiere que el Ayuntamiento de Castelló deje atrás la pasividad y se convierta en un actor útil y comprometido para garantizar el derecho a la vivienda. La propuesta plantea una respuesta local firme, coordinada con la Generalitat y con capacidad para afrontar los retos reales que vive la ciudadanía.