Castellón incluye cláusulas sociales en el crédito que financiará gran parte de la inversión de 2017

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado las bases reguladoras de la adjudicación de una operación de préstamo a largo plazo para financiar, parcialmente, los gastos de inversión del presupuesto de 2017. Las bases, elaboradas por la Concejalía de Gestión Municipal, dirigida por Antonio Lorenzo, y la Concejalía de Vivienda, dirigida por Ali Brancal, regulan la adjudicación de un préstamo de 9,8 millones de euros a 10 años para la financiación de inversiones recogidas dentro de la modificación de crédito aprobada en sesión plenaria el 22 de junio. La principal característica de estas bases reguladoras es la inclusión de diversas cláusulas sociales.

Así, siendo una de las prioridades políticas luchar contra las consecuencias indeseables de los desahucios de primeras viviendas por motivos económicos, y que se está implementando una nueva política municipal para favorecer una economía plural, se han contemplado en estas bases la incorporación en la gestión financiera municipal de nuevos tipos de entidades financieras como cooperativas y entidades de banca ética. También se han contemplado la inclusión de criterios sociales y de responsabilidad corporativa para su selección entre los servicios financieros que se ofertan.

En este sentido, se valorará que las entidades financieras ofrezcan viviendas en alquiler social a cambio de una renta máxima equivalente al 30% de los ingresos netos de la unidad de convivencia, libre de ocupantes, en condiciones de habitabilidad y con alta en los suministros necesarios.

El plazo mínimo de estos alquileres será de tres años a contar desde la firma del contrato de arrendamiento o fecha establecida para el comienzo del mismo y la unidad de convivencia en riesgo de exclusión social será la que designe el Ayuntamiento de Castellón.

Además, también se valorará con mayor puntuación a aquellas entidades financieras que aporten una declaración responsable de no haber realizado desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios que determinan directamente la pérdida de la vivienda habitual de las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Al respecto de las bases elaboradas, la vicealcaldesa y concejala de Vivienda, Ali Brancal, ha manifestado que “es necesario que desde la administración pública promocionemos el hecho de trabajar con entidades financieras que colaboran en temas de vivienda para que así también la ciudadanía se conciencie y premie a las entidades socialmente responsables en esta materia para elegirlas como su entidad de confianza”.

El concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, destaca “el trasfondo social de esta decisión, porque pone de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de promover políticas sociales de forma transversal en todas las áreas de gobierno, y aprovechar los servicios financieros como un elemento que permita mejorar la respuesta institucional ante un problema grave como es el de la falta de vivienda”. La vicealcaldesa ha añadido que “con estas cláusulas queremos ayudar a los bancos socialmente responsables a visibilizar su compromiso con las personas más vulnerables de nuestra sociedad”.