Carrasco llevará los problemas de la citricultura de Castellón hasta la Unión Europea para defender a los productores locales

La presidenta del Partido Popular de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, activará iniciativas encaminadas a proteger los intereses de los citricultores en la Unión Europa frente a los problemas que actualmente padece, caso de la competencia comercial desleal de terceros países o las amenazas de plagas.

Carrasco ha mantenido en este sentido un primer contacto de trabajo con Juan Ignacio Zoido, quien actualmente es eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo y se encarga dentro del grupo de los asuntos relacionados con la agricultura. Un encuentro que tuvo lugar de manera previa a la celebración del último Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en Madrid, y en el que también tomó parte Juan Parejo, representante del Partido Popular en Extremadura, al objeto de fijar un frente común en los asuntos que sean de interés general.

“La agricultura es y debe seguir siendo un sector fundamental de nuestra economía, y necesita contar con todo nuestro apoyo. Desafortunadamente, nuestros citricultores llevan muchas temporadas atravesando por dificultades, así que es el momento de trabajar en la búsqueda de soluciones, y estas pasan por plantearlas y defenderlas en el corazón de la política europea, que es de donde emanan las políticas sectoriales que rigen en toda la Unión Europea”, ha subrayado.

El objetivo es trabajar, de la mano de los representantes y organizaciones de productores, con el fin de establecer una agenda de trabajo que permita abordar y atender las cuestiones que ahora mismo lastran el progreso de la citricultura castellonense.

Una de estas, según los informes que obran en poder de organizaciones como la Unió de Llauradors, es que los puertos de la Unión Europea interceptaron hasta el mes de octubre de este 2019 un total de 124 envíos procedentes de terceros países con cítricos “infestados de plagas y enfermedades”, lo que representa un 17% más que en todo el pasado año, cuando hubo 106. Sudáfrica y Uruguay fueron los países con mayor número de interceptaciones, 32 y 24, respectivamente. En el caso del país de Mercosur supone un 380% más que el año pasado, mientras que el incremento de los procedentes de Sudáfrica se elevó en un 88%.

“Por este motivo se hace necesaria limitar los puertos de entrada, para facilitar los controles en los puntos de recepción. En esta línea, hay que recordar que la Autoridad Portuaria de Castellón, ya propuso este recinto como puerta de entrada de la fruta de terceros países a la Unión Europea, una medida que estaría más que justificada por su profundo conocimiento en la gestión de agrios, ya que es uno de los más importantes de España en esta materia”, indica.

Otra de las cuestiones que el PP propone revisar son los acuerdos comerciales con países como Sudáfrica o Marruecos, que “tienen una posición muy ventajosa con respecto a la fruta de la provincia de Castellón, puesto que tienen muy fácil entrar en la Unión Europea, pero no a la inversa. Es fundamental que se apliquen criterios de reciprocidad, y que se activen las medidas previstas en los propios acuerdos, como la cláusula de salvaguardia, cuando no se cumplan los criterios legales establecidos en los convenios, y que terminan inundando los mercados europeos, echando por tierra los precios de nuestra fruta”.

A estas situaciones generales se suman estos días otros problemas de carácter puntual, pero que se pueden alargar en el tiempo. Uno de los prioritarios es la implantación de aranceles a la importación de cítricos españoles en Estados Unidos por parte del Gobierno de Donald Trump, “y que van a suponer la puntilla para los envíos a un mercado, el norteamericano, que fue prioritario en su día porque es un área de alto poder adquisitivo y porque aliviaba la presión de los mercados locales. Ahora, suma este nuevo handicap a años de caídas sin que por parte del Gobierno de España se haya hecho nada al respecto”.

“Por si la agricultura no tiene bastantes problemas, ahora tienen que luchar contra el bloqueo en las carreteras catalanas por los independentistas, que siguen cortando todas las autopistas y autovías, ante la total pasividad del Gobierno de Cataluña y España, generando millones de euros en pérdidas para los transportistas y exportadores, además de que ponen en riesgo la propia mercancía”, indica Carrasco.