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Carrasco insta al equipo de gobierno a negociar un cambio en la catalogación de las playas como solución definitiva para los chiringuitos que no han podido abrir hasta julio

Carrasco insta al equipo de gobierno a negociar un cambio en la catalogación de las playas como solución definitiva para los chiringuitos que no han podido abrir hasta julio
  • “También solicitamos la creación de una mesa de trabajo a tres bandas con las administraciones competentes para coordinar y estudiar con tiempo suficiente por adelantado las demandas sobre la explotación de negocios en las playas de Castellón”, explica

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, anuncia que su grupo ha registrado una iniciativa, que se debatirá en el próximo Pleno, para instar al equipo de gobierno formado por PSOE, Compromís y Podemos a que inicie los trámites administrativos necesarios para solicitar a la Generalitat Valenciana la modificación de la calificación de las playas del Gurugú y el Pinar para que los chiringuitos puedan abrir a partir de junio y evitar desventajas competitivas y pérdida de oportunidades como las que se han generado este año al no poder abrir hasta el 1 de julio. “También solicitamos la creación de una mesa de trabajo a tres bandas con las administraciones competentes: Gobierno central, a través de la dirección de Costas, Generalitat y Ayuntamiento a fin de coordinar, de manera anticipada, con el margen de tiempo suficiente, las demandas que se puedan presentar sobre la explotación de negocios en las playas de Castellón”, explica Carrasco.

“La falta de planificación del gobierno de Amparo Marco ha puesto en peligro la continuidad de los chiringuitos en las playas de Castellón este verano, poniendo en riesgo 150 empleos directos, más los indirectos que éstos generan, además de responsabilizarles de incumplir la ley al montar antes de julio cuando aparentemente por parte del equipo de gobierno estaba todo claro”, añade Carrasco.

Las playas de Castelón están sujetas al Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), una norma contra la que el equipo de gobierno municipal no alegó en su momento, pero que en la práctica ha supuesto declarar a las playas del Gurugú y el Pinar como playas urbanas de tipo 2. Esto supone la imposibilidad de poder activar la explotación de negocios ni puestos turísticos desmontables entre el 1 de marzo y el 30 de junio, con el fin de proteger la fauna, si bien luego contrasta que se puedan desarrollar otras actividades relacionadas con el movimiento de la arena desde la orilla hasta el final del arenal, a pesar de que en teoría también se trata de una zona afectada por la protección de la fauna.

“Un cambio en la calificación de las playas, como el que proponemos, equiparándolas a las de otros municipios pegados a Castellón, permitiría a los chiringuitos dar servicio desde junio estirando la campaña turística. El sector turístico es fundamental para la ciudad de Castellón, ya que genera puestos de trabajo directos y riqueza que revierte en el conjunto de los castellonenses. Los chiringuitos son parte fundamental del atractivo turístico y dinamizador de la actividad lúdica de nuestra ciudad”, insiste Begoña Carrasco.

La iniciativa que los Populares elevarán al Pleno de la semana que viene también contempla la compensación económica a los hosteleros de estos negocios por los daños y perjuicios causados debido al tiempo que han permanecido cerrados. La portavoz Popular recuerda que esta compensación sería por las pérdidas ocasionadas “desde que el gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos les trasladó, a finales de mayo, la licencia de actividad para poder abrir sus negocios, hasta el 1 de julio que es cuando por fin han podido abrir”.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón, el 27 de mayo de 2021, acordó adjudicar la contratación de los chiringuitos y con ésta la inmediata activación del procedimiento de instalación de las estructuras con vistas a abrirlos en junio para aprovechar la temporada estival. Acto seguido el gobierno municipal, el 3 de junio, les envió a los hosteleros a la Policía Local para paralizar el montaje. Y el remate final vino el 9 de junio, cuando los empresarios recibieron una notificación, ordenándoles con carácter inmediato la paralización de cualquier actividad de instalación y a desmontar las estructuras ya montadas, advirtiéndose de que en caso de desobediencia, se trasladaría el expediente al Ministerio Fiscal por si se hubiera cometido algún tipo de delito.

Ante estos hechos, fruto de la descoordinación entre las tres administraciones competentes: Gobierno  central, a través de la dirección de Costas, Generalitat y Ayuntamiento, “no que queremos que vuelvan a pasar por lo mismo, porque mientras en otros municipios los chiringuitos de la playa ya estaban operativos en junio, en Castellón han perdido un mes de ingresos tan necesarios en este momento de pandemia, donde el sector turístico tan golpado por la crisis trata de recuperarse. Se merecen soluciones duraderas”, señala Carrasco.

Para que los establecimientos funcionen, necesitan certidumbre jurídica, ya que los empresarios que cada año obtienen la concesión invierten recursos propios y lo hacen con una previsión de recuperación que cada año se pone en entredicho por las dificultades administrativas y legales a las que se enfrentan para iniciar la temporada de explotación de las concesiones. Es el Ayuntamiento el que concede los permisos de apertura de la actividad, y es el equipo de gobierno el que debe garantizar que dicha licencia se concede con todos los permisos de todas las administraciones afectadas en vigor, porque lo contrario desemboca en los conflictos que se reiteran año tras año.

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