3 de diciembre de 2020 3/12/20

Edo arremete contra la “insumisión judicial” del PP e imputa al alcalde la responsabilidad de la “parálisis urbanística”

  • El portavoz adjunto del grupo socialista insta a Alberto Fabra a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2000

El portavoz adjunto del grupo socialista de Castellón, Mario Edo, exige al equipo de gobierno del Partido Popular que acate “de una vez por todas” la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana “para no causar más perjuicios económicos a las empresas de la construcción y a miles de trabajadores castellonenses”. “Castellón está condenado a la ruina económica y moral con un alcalde incapaz de resolver la crisis política que se ha generado en el Ayuntamiento en los últimos cinco meses”, agrega.

Edo insta al PP a restablecer el ordenamiento urbanístico “en el plazo de tiempo más breve posible”. “Mientras el alcalde y el vicealcalde ignoran las anulación del PGOU, los trabajadores y las empresas de Castellón pierden millones de euros y miles de empleos”. El portavoz adjunto del PSPV achaca a Alberto Fabra y a Javier Moliner “la responsabilidad de ocultar la realidad para no reconocer a los castellonenses que son unos malísimos gobernantes”.

El dirigente socialista ha planteado hoy una batería de preguntas al PP en la Comisión de Desarrollo de la Ciudad a fin de conocer la estrategia del equipo de gobierno para recomponer el ordenamiento urbanístico, tras hacerse público que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la pretensión del Ayuntamiento y de la Generalitat de pedir que no se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que anula el PGOU de 2000. Sin embargo, Moliner “le ha pasado el muerto al Gobierno valenciano” y ha supeditado la iniciativa municipal a la decisión autonómica.

Edo considera que el PP debería reorganizar la agenda política municipal y “priorizar el restablecimiento del ordenamiento urbanístico mediante una nueva exposición al público del PGOU”. “Fabra y Moliner no están respondiendo a lo que se exige de los máximos responsables de la política local. En lugar de despejar las incertidumbres sobre el urbanismo de Castellón, están consiguiendo que la inversión privada se desplace a otras localidades con urbanismos que no generan inseguridad jurídica”, apunta.

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