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Castellano: “El recurso de inconstitucionalidad es un recorte a los derechos sociales de los valencianos”

Castellano: “El recurso de inconstitucionalidad es un recorte a los derechos sociales de los valencianos”
  • Castellano recuerda que el 23,8% de las normas impugnadas por el Gobierno socialista afectan a la Comunitat

  • La Ley lleva aplicándose desde el 5 de mayo sin ningún problema porque es una norma moderna, consensuada y demandada por la calle

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado que la decisión del Consejo de Ministros de instar al Presidente del Gobierno de España a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Valenciana de Custodia Compartida “no solo supone un recorte de nuestro autogobierno, que no vamos a consentir, sino que además es un recorte incomprensible e injustificable de nuestros derechos sociales”.

Ante esta situación, ha puntualizado que la Generalitat no tiene constancia de que el gobierno haya interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, pero ha manifestado, de forma clara y contundente, que la Generalitat “está completamente en desacuerdo en esta decisión, no solo porque es una ley moderna y consensuada, sino porque viene aplicándose en la Comunitat desde el 5 de mayo sin ningún problema”.

Castellano, que ha mantenido hoy una reunión con representantes de asociaciones de custodia compartida, ha afirmado que de llevarse a cabo el recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno “solicitaremos de manera inmediata” la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones para llegar a un acuerdo y que el Gobierno desista de presentar el recurso de inconstitucionalidad.

Serafín Castellano ha asegurado que la Ley Valenciana de Custodia Compartida cuenta “con gran aceptación por parte de la sociedad porque siempre defiende los intereses del menor velando para que éste pueda desarrollar con plenas garantías su vida paterno-filial y porque también favorece siempre el acuerdo entre los progenitores para que salga beneficiado el menor”.

Impugnaciones a leyes valencianas
Por otro lado, el conseller de Gobernación ha afirmado que el Gobierno socialista “siempre parece que va en contra de la Comunitat Valenciana”, ya que del Informe sobre conflictividad Estado-Comunidades Autónomas se extrae que en las dos últimas legislaturas socialistas, el Gobierno ha interpuesto 42 impugnaciones a normas de comunidades autónomas (recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias) de las que “casualidad o no” el 23,8% han sido contra las normas de la Comunitat, o lo que es lo mismo, casi la cuarta parte del total de recursos han sido contra la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha apuntado que durante la pasada legislatura el Gobierno acordó el desistimiento de 36 recursos “y de esos 36 desistimientos ninguno a favor de la Comunitat”. Castellano ha afirmado que el Gobierno valenciano no quiere entrar en “agravios comparativos con nadie, sino defender los intereses de los valencianos”, pero ha recordado que el Gobierno desistió de recursos contra normas civiles como la Primera Ley del Código Civil de Cataluña o la Ley de Derechos Reales de Garantía.

Ante esta situación, Serafín Castellano ha reiterado que la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley valenciana de Custodia Compartida es “una cuestión política, un recorte y una mutilación a nuestro autogobierno, más que una cuestión jurídica y desde la Generalitat no lo vamos a consentir, por lo que vamos a realizar cualquier tipo de acción política o jurídica para conseguir que el Gobierno desista de presentar el recurso contra la ley valenciana”, ha resaltado Castellano.

Por último, ha apuntado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero “no es de fiar” puesto que ha faltado a su palabra, en este sentido ha recordado el acuerdo al que llegaron el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, (22 de abril de 2009) “por el que si el Consell modificaba 11 artículos de la ley el Gobierno retiraba el recurso a ésta”.

El Consell cumplió su parte modificando en tiempo record (11 de septiembre de 2009) la ley incluso con el apoyo del partido socialista en Les Corts y sin embargo del Gobierno central lo único que hemos sabido ha sido la callada por respuesta y el incumplimiento de dicho acuerdo.

Por tanto ha insistido en que “por más que quieran enmascararlo, se trata de una cuestión de voluntad política más que de voluntad jurídica, por lo que exigimos que cumplan su palabra”.

 

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