Castellano: "Defendemos de forma clara, argumentada y contundente la competencia para desarrollar la Ley de Uniones de Hecho"
La Generalitat solicita al Tribunal Constitucional que se levante la suspensión cautelar de la Ley de Uniones de Hecho
Cuando se debatió y se aprobó el Estatut de Autonomia no hubo ni una sola consideración ni problema respecto a la regulación del Derecho Civil
El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha destacado que desde la Generalitat "entendemos y defendemos de forma clara, argumentada y contundente, que somos plenamente competentes para desarrollar la Ley de Uniones de Hecho". Así lo ha manifestado el conseller en la la Comisión de Codificación Civil Valenciano reunida hoy para abordar las alegaciones a la Ley de Uniones de Hecho.
En este sentido Castellano ha asegurado que que "la suspensión cautelar de una Ley debe darse cuando resultan perjudicados los ciudadanos y, es evidente que esta Ley es tremendamente beneficiosa para la sociedad y responde a una realidad social".
"Entendemos -ha manifestado el conseller- que el gobierno no puede acreditar perjuicios concretos derivados de la ley, puesto que no constan en el recurso, y por tanto, entendemos que debe levantarse la suspensión de la ley sin esperar a los cinco meses, tal y como hizo con otras leyes como la de custodia o la de r?ñegimen economico matrimonial".
Por todo ello, ha explicado el conseller, "pedimos al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar de la Ley de Uniones de Hecho ya que, atendiendo al mismo articulo 7 de la Ley se dice que quienes conviven pueden establecer libremente los pactos que rigen las relaciones personales y patrimoniales de su unión"
Para Castellano "lo que a nuestro parecer plantea el recurso es una cuestión de fueros, referida a la interpretación sobre los limites constitucionales de la competencia o no de la Comunitat Valenciana".
En este sentido, Castellano ha explicado que "desde el año 1982, la Comunitat Valenciana ha tenido reconocida la competencia para dictar las normas necesarias que permitieran la conservación, modificación y desarrollo de su derecho civil propio. A través de la reforma del Estatut de Autonomia en el año 2006, se pretendió dar un nuevo impulso, arbitrando los mecanismos necesarios para llevar a la práctica dicho desarrollo, con el fin de equipararse a otras Comunidades Autónomas que, en los mismos términos, también ostentan competencia exclusiva en esta materia".
No obstante, ha comentado, "el Estado, tras haber permitido, contribuido y tramitado la aprobación y reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, se opone ahora al desarrollo de las previsiones contenidas en el mismo, al no permitirse nuestra equiparación con otras Comunidades Autónomas respecto a las cuales se tiene una paridad competencial".
Por este motivo, Castellano ha subrayado que "consideramos que queda reiteradamente probado que no existe ninguna diferencia entre nuestro Estatuto de Autonomía y el de otras Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva en materia de derecho civil foral o especial, pues desde el año 1982 la Generalitat asumió dicha competencia, en idénticos términos a los de las instituciones equivalentes de otras Comunidades como Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco, Aragón o Navarra. Todas estas Comunidades Autónomas cuentan con una amplia normativa civil propia, que no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional".
En este sentido, el titular de Gobernación y Justicia ha asegurado que "no entendemos que otras Comunidades Autónomas como Cataluña y Aragón pueden tener Derecho Foral y la Comunitat Valenciana no, cuando el nuestro fue el más completo y extenso de los territorios de la antigua Corona de Aragón y cuando además, nadie puede negar la competencia para conservar, modificar y desarrollar nuestro Derecho foral, no sólo porque lo dice el artículo 49.1.2ª, sino porque el artículo 7 y la Disposición Transitoria Tercera son de una claridad meridiana".
Por último ha recordado que "cuando se debatió y se aprobó el Estatut de Autonomia en el año 2006, no hubo ni una sola consideración ni problema respecto a la regulación del Derecho Civil".
