G. Camps: “Cumplimos con lo legalmente establecido y adaptamos la normativa valenciana a los criterios de la nueva legislación estatal”
Al presentar ante la Diputación Permanente las modificaciones a la Ley de Cajas de Ahorros valenciana
El nuevo marco legal ofrece diferentes alternativas de organización, permite mejorar el acceso a los mercados, y refuerza la solvencia y competitividad de las Cajas
Las Cajas de Ahorro cuentan en la Comunitat con una cifra de depósitos superior a los 58.000 millones €, un saldo vivo en créditos concedidos de 94.000 millones y una red de más de 2.250 oficinas
Gerardo Camps ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Diputación Permanente de Les Corts, para presentar el Decreto-Ley 4/2010, de 30 de diciembre del Consell, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio del Consell.
Así, el Decreto Ley 4/2010 del Consell, presentado hoy ante la Diputación Permanente para su consolidación, supone la adaptación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunitat Valenciana al Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
Como ha manifestado el conseller, “este Real Decreto-Ley ha supuesto una importante reforma de la normativa básica del Estado en materia de Cajas de Ahorros, para ajustar su régimen jurídico al excepcional entorno económico y financiero en el que desarrollan su actividad”.
Durante su intervención, el vicepresidente económico ha explicado las consecuencias que sobre las Cajas de Ahorros ha tenido la crisis financiera internacional, puesto que “mientras en 2007 las Cajas gozaban de una situación relativamente confortable, con unos niveles de rentabilidad y eficiencia adecuados, y una cifra de recursos propios que excedía ampliamente de los requerimientos legales de solvencia, ahora han pasado a tener una elevada morosidad de los créditos concedidos, lo que implica mayores dotaciones por insolvencia que afectan a su cuenta de resultados”.
“A ello hay que unir que la crisis ha puesto de manifiesto desequilibrios estructurales de estas entidades, y una importante dependencia de la financiación de los mercados mayoristas internacionales”, ha continuado el conseller.
“Todo ello –ha añadido Gerardo Camps- está conllevando dificultades para refinanciar los créditos obtenidos por las Cajas de Ahorros en los mercados internacionales, está provocando tensiones de liquidez y está minando la función de estas entidades como proveedoras de recursos financieros en la economía”.
Todas estas circunstancias han desencadenado en los últimos meses en el inicio de procesos de reestructuración e integración en el sector de las Cajas de Ahorros, con el objetivo de mejorar su eficiencia económica, reducir el exceso de capacidad instalada, alcanzar una mayor flexibilidad para captar recursos básicos de capital y ajustar sus estructuras organizativas y operativas.
Así, al objetivo de facilitar estos procesos de integración, el Gobierno Central promulgó el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, que introdujo una importante reforma de la normativa básica del Estado en materia de Cajas de Ahorros, y al que ahora se adapta la normativa valenciana mediante el Decreto-Ley aprobado por el Consell el pasado 30 de diciembre.
Cifras del sector
El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo ha destacado durante su intervención la relevancia económica, tanto en el ámbito nacional como de la Comunitat, de las Cajas de Ahorros.
“La cuota de mercado en depósitos y créditos de estas entidades ascienden a 56% y 50% respectivamente en la Comunitat Valenciana, porcentajes superiores a los que representan en el conjunto de España”, ha afirmado Camps.
“Estamos hablando de entidades que en la Comunitat mantienen unos depósitos de más de 58.000 millones de euros y que tienen un saldo vivo de créditos concedidos cercano a los 94.000 millones de euros”, ha añadido el conseller.
También cabe destacar el número de oficinas de Cajas de Ahorros existentes en la Comunitat Valenciana, que asciende a más de 2.250, lo que supone el 47% del total del entramado de oficinas del sistema bancario. Además, más de la mitad de estas oficinas pertenecen a Cajas de Ahorro foráneas.
Novedades introducidas
Durante su intervención, el vicepresidente económico del Consell ha enumerado las modificaciones introducidas en la normativa sobre Cajas de Ahorros.
Así ha destacado que “el nuevo marco legal estatal diseña un modelo que ofrece diferentes alternativas de organización institucional, que permite mejorar el acceso a los mercados en la búsqueda de una mayor capitalización, para reforzar su solvencia y competitividad, en iguales condiciones que otras entidades de crédito”.
Por otra parte, para facilitar el acceso a los mercados de capitales se incorporan derechos políticos a las cuotas participativas que puedan emitir las Cajas de Ahorros. Además, se persigue una mayor profesionalización en la gestión de los órganos de gobierno de estas entidades.
Este Decreto-Ley se ha estructurado en un artículo único, que contiene treinta y cinco apartados, y en cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.
Contenido del Decreto-Ley
El Decreto-Ley de fecha 30 de diciembre del Consell recoge nuevas alternativas de organización institucional. Así, cualquier Caja de Ahorros podrá optar entre: mantenerse como entidad independiente; integrarse en una SIP compuesto por varias Cajas de Ahorros y una entidad central; desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que le aporta su negocio financiero, de modo que la Caja se limita a gestionar la obra social; o transformarse en Fundación, mediante el traspaso de su patrimonio afecto a la actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones.
Por otra parte, se establece un régimen de autorización previa para las nuevas figuras jurídicas de organización institucional introducidas por el Real Decreto-Ley. Así, queda sujetas a autorización administrativa del conseller de Economía, Hacienda y Empleo operaciones que hasta ahora no lo estaban, como la integración en sistemas institucionales de protección, el ejercicio indirecto de la actividad financiera o la transformación en fundaciones de carácter especial.
En materia de órganos de gobierno, se introducen modificaciones para dar cabida en la legislación autonómica a los derechos políticos que la normativa estatal otorga a las cuotas participativas emitidas por las Cajas de Ahorros.
Estos derechos políticos se traducen en un derecho de representación en los órganos de gobierno, que debe ser proporcional al porcentaje que supongan las cuotas participativas sobre el patrimonio neto total de la Caja de Ahorros.
Otro de los objetivos fundamentales perseguidos con la modificación de la LORCA (Ley de Regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorros) es el impulso de una mayor profesionalización en la gestión de los órganos de estas entidades.
Para ello se incorporan dos nuevas incompatibilidades entre el ejercicio del cargo de miembro de un órgano de gobierno de una Caja con el de cualquier cargo político electo y con el de alto cargo de una administración pública.
“Estas incompatibilidades ya figuraban en la legislación valenciana, pero en lo relativo a cargos electos sólo afectaba hasta ahora al Consejo de Administración y a la Comisión de Control, ampliándose ahora a la Asamblea General”, ha explicado Gerardo Camps.
Por lo que respecta a la composición de la Asamblea General, se establece un nuevo grupo de representación denominado “Otras entidades representativas de intereses colectivos”, que contará con un porcentaje de participación del 5%.
Otra novedad es la limitación de la representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en las Cajas de Ahorros, que pasa del 50% al 40%.
Así, los nuevos porcentajes de participación son: impositores, 38%; Generalitat, 25%; corporaciones municipales, 15%; empleados, 12%; entidades fundadora, 5%; y otras entidades representativas, 5%.
Por otra parte, para mejorar la profesionalidad de los miembros del Consejo de Administración, se exige a la mayoría de sus miembros un nivel de conocimientos y experiencia adecuados para las funciones a desempeñar, exigencia que se exige a todos sus miembros en el caso de la Comisión de Control.
Asimismo, se incorporan a la legislación valenciana otros aspectos como la publicación anual obligatoria del informe del gobierno corporativo, o el tratamiento de los eventuales conflictos de interés que pudieran surgir entre los miembros de los órganos de gobierno y los intereses de las Cajas.
Se establece también un régimen transitorio para la adaptación de los Estatutos y Reglamentos, así como de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro a las normas contenidas en el Decreto-Ley y su desarrollo reglamentario, y se incorpora un régimen transitorio para los cargos políticos electos, así como la previsión de determinados supuestos de integración de Cajas de Ahorros que alargan el cómputo total del período de mandato de los consejeros.
Criticas de la oposición
Tras su intervención ante la Diputación Permanente de Les Cort, y ante las críticas vertidas por el grupo socialista, el vicepresidente económico ha calificado de “incoherencia y esquizofrenia política la actitud adoptada por el PSPV, que ha llegado al extremo de no votar a favor de una norma que es la traslación a nuestra normativa de aquello que ha aprobado el Gobierno de España, socialista, y que se ha visto ratificado en el Congreso de los Diputados por el grupo socialista, allí mayoritario, así como por el grupo popular”.
“Estamos recibiendo críticas a una norma que ya fue ratificada por el propio Banco de España y que fue acogida por el Gobierno Central. Éste fue quien consideró que eran necesarias una serie de modificación legislativas que debían trasladarse a las normativas autonómicas y así lo hemos hecho”, ha afirmado Gerardo Camps.
“Desde el Consell –ha continuado- cuando conocimos la nueva normativa, nos hemos adaptado, y lo hemos hecho en los términos que había que hacerlo, y dentro del plazo legalmente establecido”
El vicepresidente ha explicado que el partido socialista valenciano ha intentado justificar su no apoyo a la legislación autonómica sobre la base de que se tenían que haber modificado muchos más aspectos normativos, “que no estaban ni dispuestos en la normativa estatal, y por lo tanto no había que llevar a cabo en la normativa autonómica”.
“Por no apoyar al Gobierno Valenciano, el partido socialista de esta comunidad es capaz de no apoyar ni aquello que ha aprobado el Gobierno Socialista de España”, ha concluido Gerardo Camps.
