Campo agradece el respaldo de los grupos al proyecto de Ley, un aval para la gestión del Ministerio de Justicia ante la pandemia

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha agradecido esta mañana, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, el apoyo mayoritario de los grupos políticos en la aprobación del proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la administración de Justicia.

Campo ha explicado que el Real decreto-ley nació del consenso en la Comisión de Coordinación de Crisis, creada con todos los actores del sector al comienzo del estado de alarma, siendo mejorado con la aportación de las propuestas de los grupos en su tramitación parlamentaria.

Con este gran aval político, del que el ministro se ha mostrado especialmente satisfecho, el Ministerio de Justicia afronta la gestión venidera con una Ley que dota a las administraciones públicas del sector Justicia de más y mejores herramientas para combatir la pandemia y también afianzar el camino de la modernización.

Entiende Campo que con este proyecto de Ley se ha demostrado que se pueden alcanzar grandes consensos en materia de Justicia, tanto en el ámbito territorial como en el político y, en este sentido, ha pedido a los representantes públicos “no abandonar este camino” para dar respuesta a la exigencia constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

A modo de conclusión, en una breve intervención final solicitada por Campo como miembro del Ejecutivo que ha presentado el texto, ha apelado a los principios de “responsabilidad, altura de miras y lealtad institucional”.

El proyecto de Ley ha culminado hoy su tramitación parlamentaria con la aprobación en el Congreso de las enmiendas que fueron incorporadas al texto en el Senado. Contempla medidas tan importantes como el impulso a las actuaciones procesales telemáticas, la moratoria a la obligación de presentar concurso de acreedores o la creación de nuevas unidades judiciales y Juzgados COVID, entre otras muchas.

Asimismo, a través de este proyecto de Ley se proporciona seguridad jurídica a las CCAA en las medidas que decidan adoptar para hacer frente a los rebrotes del virus, ya que se otorga a los Tribunales Superiores de Justicia la capacidad de control y ratificación de dichas medidas en lugar de los juzgados contencioso-administrativos.