Compromís pide el expediente a Calp para defender los intereses de los trabajadores municipales ante la denuncia del Gobierno

La coalición Compromís per Calp va a solicitar en el ayuntamiento todo el expediente y acciones jurídicas emprendidas al respecto del recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno de Alicante en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante contra el acuerdo de pleno del 23 de marzo de 2015 por el que se aprobó el presupuesto y la plantilla de personal. Solicitará, además, informes municipales jurídicos, por si existieron reparos o no a dicha aprobación. Y, además, la relación en la que se aprobó las mejoras salariales a unos empleados que, injustamente, cobraban por desempeñar su trabajo menos que el resto de sus compañeros. por lo que se estaba corrigiendo una injusticia laboral.

Compromís pretende defender los intereses de la plantilla municipal porque considera inadmisible la hipotética consecuencia que avanza el edil de Personal de que lo que pueda pasar es que estos trabajadores, que son los perjudicados de las acciones del gobierno, deban devolver su justo salario por errores cometidos por la administración; afirmación esta que, además de no tener el fundamento jurídico suficiente, causa una enorme alarma social entre los empleados innecesaria.

Por otro lado la coalición denuncia una gestión económica del ayuntamiento ineficiente: se advirtió en el pleno de constitución del consistorio que el incremento de comisiones informativas multiplicaba el presupuesto de retribuciones a cargos electos, sin perjuicio de que gran parte de esta partida acabará siendo superávit porqué se presupuesta el máximo cobrable que no se hará efectivo, además de unos libramientos parciales para la oposición que tampoco se han hecho efectivos; se instó al gobierno a promover un crédito sindicado para salir del plan de pago a proveedores y no someterse al estricto régimen que estipula la ley de estabilidad presupuestaria para los municipios que en su momento hicieron uso de esta figura; operación ésta de indudable dificultad, pero que ni siquiera se ha intentado; y por último se solicitó que el superávit del anterior ejercicio que ascendió a casi un millón de euros no se dedicara en su integridad a la amortización anticipada de capital; observaciones todas estas descartadas por parte del gobierno.

Según Perles, portavoz de la coalición "el recurso por parte de subdelegación de gobierno es consecuencia directa de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el PP y el pleno se ha negado en diversas ocasiones a instar a su derogación; de nada sirve que nuestro alcalde se vanaglorie de estar preparando una ley de justa financiación para los pueblos si finalmente desde Madrid se coarta la autonomía de estos y él no hace nada. Estamos dispuestos a personarnos en el procedimiento y a llegar donde sea necesario porque este es un ataque no solo a los trabajadores sino a toda la ciudadanía y a la soberanía de la institución."