5 de junio de 2020 5/6/20

Sobreseen caso de los censos irregulares en Cabanes

    El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación sobre los supuestos empadronamientos ilegales en Cabanes, pese a haberse detectado "indiciariamente la existencia de un ilícito penal en esos empadronamientos".

    El pasado mes de julio, la Fiscalía de Castellón remitió al citado Juzgado las diligencias de investigación penal abiertas contra el alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, algunos de sus familiares y dos miembros del PP de esta localidad por una supuesta manipulación del censo durante las pasadas elecciones municipales.

    Según el auto del sobreseimiento, facilitado hoy por el concejal de Iniciativa en Cabanes, Carles Mulet, el juez ha considerado que "no existen méritos para continuar la causa contra personas determinadas, por lo que procede determinar el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no existir autor conocido".

    El Juzgado seguía las diligencias previas por el caso denunciado el 19 de julio de 2007 por Mulet, que la Fiscalía de Castellón venía investigando desde principios de ese año por la misma denuncia.

    Los representantes legales de Iniciativa han pedido a la Fiscalía que, una vez sobreseída la causa, "reanude las investigaciones al respecto, que fueron remitidas en junio de 2008 al Juzgado de Instrucción por estar ambos organismos investigando el mismo caso".

    Desde Iniciativa se ha afirmado también que ya ha recurrido la decisión de sobreseimiento y ha pedido "nuevas pruebas periciales y nuevos testimonios para aclarar quién fue el autor material del acto delictivo que el propio juez reconoce".

    Para Mulet, "no tiene ningún fundamento jurídico ni razonable que reconociendo que hay un delito, no se agoten todos las pruebas periciales".

    Según el concejal, hay "declaraciones de vecinos de la Vall d'Uixó que reconocen que fueron empadronados sin su consentimiento en domicilios de familiares del alcalde de Cabanes", así como "una declaración testifical del funcionario del Ayuntamiento que tramitaba las altas".

    También ha asegurado que "falta todavía que declaren de nuevo las personas que empadronaron, sin su consentimiento, a vecinos de la Vall d'Uixó en sus domicilios, además del secretario municipal que debía tutelar las altas en el padrón".

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