El TSJCV dictamina que el Ayuntamiento debe pagar 3.740.879,4 euros más por la Papelera hasta alcanzar los 8.594.773,63 euros
La sentencia del TSJCV, con fecha de 15 de octubre y notificada al Ayuntamiento el pasado día 23, anula dicha decisión y fija un nuevo justiprecio de 8.594.773,63 euros, por lo que la Administración local deberá abonar la diferencia, es decir, 3.740.879,4 euros más, lo cual, de producirse, dejaría las arcas municipales en una situación extrema.
A criterio del TSJCV, el coeficiente de edificabilidad pasa del 0,60 (m2 techo/m2 suelo) que fijó el Jurado de Expropiación Forzosa, y la propia valoración municipal, al 0,75, en base al artículo 3.10 del PGOU sobre la situación de los propietarios de terrenos que queden afectos a destino dotacional público, en el que se reconoce para este supuesto un aprovechamiento subjetivo de 0,75 m2/m2. Asimismo, la sentencia -que no es firme, pero sobre la que ya sólo queda el recurso de casación- incluye en su valoración el coste del derribo, estimado en unos 240.000 euros, así como los viales interiores previstos en esta unidad, conceptos deducidos del precio final por el Jurado de Expropiación Forzosa.
El Ayuntamiento tiene ahora 10 días para presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV. En este sentido, los servicios jurídicos municipales y la asistencia externa estudian esta posibilidad para evitar este sobrecoste para las arcas municipales, “un precio que nunca se ha pagado en Burriana”, consideraba el alcalde, José Ramón Calpe, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un terreno dotacional, inicialmente de uso sanitario (según el planeamiento aprobado en 1995) y posteriormente de uso deportivo-recreativo, según la homologación global del PGOU aprobada en 2003.
Sin embargo, el desembolso por la Papelera puede que no termine aquí, pues se espera que en breve el Jurado Provincial de Expropiación fije el precio para que el Ayuntamiento adquiera otros 8.000 metros restantes que AMEG posee junto a la Papelera. Si se aplicara el mismo criterio que el TSJCV ha tenido ahora con los 21.000 metros de la antigua factoría, el Ayuntamiento debería pagar el próximo año, además de los 3.740.879,4 euros que reconoce la sentencia, otros 3.274.179 euros, lo que unido a los intereses, una cantidad de los cuales ya se consigno en los presupuestos de este año, haría subir la cifra hasta los 12 millones de euros.
La reserva de suelo dotacional alcanza los 40.000 metros; 21.000 de la Papelera y 8.000 de los mismos propietarios. Hay 11.000 metros, inscritos a nombre de otros titulares, que no han dado el paso de pedir al Ayuntamiento la expropiación, pero que también podrían hacerlo.
Promotora de Desarrollos Urbanísticos AMEG, S.L. adquirió en pública subasta el 1 de diciembre de 2003 los terrenos de la Papelera, calificados como dotacional sanitario, por el precio de 1.668.200 euros.
Año y medio más tarde solicitaron al Ayuntamiento, según establece la ley del suelo, que pagara un justiprecio, al no haber destinado los terrenos a su finalidad prevista, o bien cambiaran la calificación para rentabilizar el solar.
Los cuatro grupos municipales que había entonces en el Ayuntamiento acordaron el 21 de abril de 2005 en la Comisión de Urbanismo recalificar los terrenos e iniciar una negociación con sus propietarios para lograr acordar unas condiciones equitativas, dado que era excesivamente gravoso para el municipio expropiar unos terrenos no deseados. Sin embargo, la valoración desató una polémica que originó que la empresa manifestara que si el asunto iba a ser objeto de controversia política lo mejor era acudir a los tribunales para que éstos establecieran cual era el justiprecio.
El 5 de agosto de 2005 AMEG presentó un PAI – que no llegó a tramitarse –. El proyecto incluía un estudio de detalle para recalificar el suelo dotacional en residencial, con la finalidad de construir 281 viviendas.
El 2 de febrero de 2006 la propietaria de la Papelera en un escrito dirigido al alcalde aportó siete posibles soluciones a adoptar antes de que concluyera el plazo marcado por la ley para llegar a la expropiación, entre ellas permutar la Papelera por los 11.116 metros cuadrados de techo que posee el Ayuntamiento en Novenes de Calatrava, por los que se calcula que podría obtener ahora en subasta 1,8 millones de euros. Durante meses, a modo premonitorio, unas pancartas en la fachada de la antigua fábrica escenificaron la cuenta atrás. El Ayuntamiento no dio respuesta a aquel escrito, y se inclinó por la fijación de un justiprecio.
El tema de la Papelera lleva camino de convertirse en el mayor error político del Partido Popular en las cuatro legislaturas que lleva gobernando ya que existen pocas salidas para unos terrenos que sólo siendo residenciales podría recuperarse lo pagado en el justiprecio. Sin embargo, difícilmente podrán serlo pasando el AVE pegado al solar urbano de la Papelera sobre un talud de 9 metros.
Cabe señalar que otra empresa del grupo Titanbur, Urbanizadora Llombai, S.L., presentó hace un mes una demanda para exigir al Ayuntamiento un pago superior a los dos millones de euros por gastos generales del urbanizador y lucro cesante tras la anulación del polígono industrial Llombai Monges a raíz de una resolución judicial que anulaba su tramitación.
esto que lo arreglen, pero sin subir impuestos ni tasas, pues los ciudadanos, que no trabajamos para la administracion no tenenemos dinero, cualquier dia ,estamos emigrando, de nuestra ciudad natalicia, para poder comer.