Rosa Marco exige al alcalde de Burriana que solicite a la Generalitat la transferencia del dinero destinado por el gobierno central a la construcción y equipamiento del Centro de Día de esta localidad
Marco convocó al día siguiente a los medios de comunicación en la sede socialista para realizar una valoración sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana en la que participó también la Diputada Autonómica Clara Tirado.
La candidata al senado afirmó que cuatro años después de la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero los socialistas comparecían ante los ciudadanos para dar cuenta de los logros alcanzados entre los que destacó la aprobación de la Ley de la Dependencia en diciembre de 2006.
Marco dijo que la norma que beneficiará a las personas con distintos grados de dependencia y a sus familias requerirá de 25.000 millones de euros y que su aplicación será completa en 20015 cuando se extienda a la totalidad del colectivo.
En primer lugar se dará cobertura a las personas con un mayor grado de dependencia y progresivamente se extenderá al resto creando además unos 300.000 puestos de trabajo. Marco subrayó que las medidas para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes incluyen el desarrollo de una red de servicios y prestaciones y la puesta en marcha de programas y servicios de calidad que abarcaran todo el territorio nacional.
También indicó que en contrapartida al interés del gobierno socialista por extender la cobertura, el PP dificulta su aplicación en la Comunidad Valenciana y como ejemplo local del desinterés de los populares citó el Centro de Día de Burriana, prometido desde hace 9 años y que aún sigue sin iniciarse.
Rosa Marco afirmó que mediante un convenio del gobierno central y la Generalitat se transfiere 225.000 euros para la construcción del Centro de Día y 17.430 euros para equipamiento y exigió al alcalde popular José Ramón Calpe que reclame los fondos.
Clara Tirado Diputada Autonómica responsable de políticas sociales dijo que el PP “ha demostrado empeño en entorpecer la aplicación de la ley actuando con irresponsabilidad que perjudica a las personas dependientes de nuestra comunidad y a su entorno familiar”. Tirado cifró en 20.000 las personas consideradas como grandes dependientes que residen en la Comunidad Valenciana de los cuales 3.000 corresponden a la provincia de Castellón. "De todos podemos afirmar que no está recibiendo la ayuda que les corresponde por parte de la Conselleria de Bienestar Social". Por otra parte advirtió de la ilegalidad que supone subcontratar los servicios de valoración para establecer el grado de dependencia cuando lo prohíbe la propia ley y de que en la actualidad son 35 los encargados de las valoraciones cuando se precisarían al menor 140 personas para realizar la tarea en la Comunidad Valenciana. Para finalizar reprochó al ejecutivo autonómico que actúe de una forma desleal a nivel institucional con el gobierno de España y con los valencianos.
Este Ayuntamiento es tan pequeño que no tiene un duro, no puede gestionar las multas y no puede poner en marcha nada que no se postulado por el PP. Yo convivo con personas discapacitadas y es de vergüenza lo que hace el PP en esta autonomía. Espero que os den un buen baño en las elecciones y bajéis de una vez del burro. Si no fuera por el lastre de una gente tan rancia y fanática podríamos ser uno de los países más avanzados del mundo. ¿Pero es que tenéis vértigo o que?