Queda aprobada la ordenanza reguladora de estacionamiento para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado una nueva sesión plenaria marcada por la presentación de tres mociones, dos de las cuales han contado con el apoyo de todos los grupos municipales.

Asimismo, los temas económicos han centrado la atención de la sesión por las discrepancias surgidas por los grupos de la Corporación Municipal.

En primer lugar ha quedado aprobado el punto referido al expediente de contratación, por un periodo de dos años y prorrogable, del servicio de ambulancias para eventos taurinos, sociales, culturales o deportivos que presenten situaciones de riesgo, organizados con la participación del Ayuntamiento. Un contrato valorado con un presupuesto de 35.000 euros.

Por otra parte, también ha sido aprobado, aunque con la abstención de CIBUR el convenio firmado con la Diputación de Castellón por el que se financiará una nueva zona deportiva en el Grao. Se trata de una obra cuyo coste total esta valorado en 155.000 euros. Diputación lo financiará en dos años, siendo el primer pago de 75.000 euros a abonar este año y 80.000 que deberán ser abonados en 2013.

Los grupos de la oposición han votado en abstención respecto al punto referido a la nueva ordenanza reguladora del estacionamiento para personas con movilidad reducida. La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Mercedes Giménez, ha defendido el nuevo reglamento que ha sido aprobado. Concretamente la ordenanza contempla, entre otros aspectos que la tarjeta de estacionamiento sea estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada cuando su titular sea transportado en el vehículo o sea él mismo quien lo conduzca. Este documento también incluye la reordenación de las plazas de estacionamiento en la ciudad y distrito marítimo y establece una reserva de cada cincuenta plazas de estacionamiento de horario limitado (ORA), teniendo que sacar un tique, como el resto de usuarios.

Por otra parte, el edil delegado del área de Personal, en el Ayuntamiento, Quique Safont, ha sido el encargado de defender los nuevos estatutos del Centro de Estudios Rafael Martí de Viciana. El edil socialista Javier Gual ha expuesto las tres alegaciones que ha presentado su grupo instando a Safont a que le diera razones de la modificación de los estatutos. Por su parte el popular ha dado cuenta de la necesidad de dicha modificación, dado que “era necesario el cambio de la estructura de la dirección del centro así como del Consejo Rector. Anteriormente estaba configurada la dirección de las tres escuelas, danza, arte y música, cada una de ellas con su equipo directivo. No obstante ahora la dirección es una, con la correspondiente reordenación de cargos”.

Así pues con los votos en contra de PSOE y CIBUR se han desestimado las alegaciones presentadas por el Partido Socialista.

En lo que respecta al apartado económico, Juan Fuster, el edil delegado del área de Hacienda, fue el encargado de dar cuenta de los puntos 9 y 10.

En primer lugar, se ha aprobado con los votos en contra de la oposición, la modificación de créditos en el Presupuesto Municipal. Se trata de 30.000 euros que proceden de una parte correspondiente dentro de la Fundación de Festivales, que al disolverse se destinarán a cubrir los gastos de la organización del mismo. Concretamente son 22.000 euros de limpieza viaria y el resto servirá para complementar otros gastos, mayoritariamente relacionados con combustible. Por otra parte, son 1.500 euros que se implantarán en una partida para poder otorgar unas becas de cultura.

En esta ocasión con el voto de abstención de la oposición, ha quedado aprobado el segundo de los puntos económicos, referido al reconocimiento extra judicial de créditos, por el que se procede al reconocimiento y pago de facturas pendientes 35.460 euros.

En la sesión también se han aprobado por unanimidad las propuestas de proclamación de las Reinas Falleras de Burriana 2013 así como el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Burriana y la Universitat de València.

Mociones
En lo referente a las mociones, la sesión ha contado con una presentada por el Partido Popular, otra inicialmente del Partido Socialista, que ha sido modificada para pasar a ser una moción conjunta por todos los grupos de la Corporación y una última moción de los socialistas.

En primer lugar, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Quique Safont, ha dado cuenta de la moción de su partido en la que se propone “instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a no aplicar la tasa de 2,5 euros por megavatio, en base al Anteproyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que gravará al gas natural, principal fuente suministradora de la industria cerámica”.

Es un Anteproyecto que data del 14 de septiembre y que supone el incremento de las tarifas en los domicilios de los ciudadanos así como a las empresas. En este sentido, el edil se ha referido a la industria azulejera de la provincia, defendiendo que “esta reforma es muy difícil de asumir para un sector que tiene en el gas su principal fuente de energía y que ha sabido readaptarse para superar las exigencias del nuevo mercado global y a las consecuencias nefastas que la crisis está provocando en el consumo”.

La moción ha contado con el voto favorable de todos los grupos que componen la Coporación Municipal.

No ha tenido la misma suerte la moción presentada por la edil socialista Mercedes Sanchordi, que ha defendido la posición de su partido frente a las medidas de restructuración económica que el Consell así como el Gobierno Central están llevando a cabo en materia educativa, aseverando que suponen una merma en la calidad del servicio educativo. Aunque CIBUR también se ha mostrado favorable a la propuesta, los populares han votado en contra, quedando finalmente desestimada.

Por otra parte, el socialista Manolo Royo ha expuesto la segunda de las mociones que había preparado su partido, que finalmente ha contado con la adhesión del resto de partidos, pasando a ser una moción conjunta. En dicho texto de exige a Conselleria de Educación que, de inmediato, asuma el coste económico de las reformas que están pendientes en el colegio Iturbi así como en el Peñagolosa. Todos los grupos de la Corporación se han mostrado favorables a la hora de reconocer la prontitud en que deben acometerse las reformas, dado que suponen un peligro para los estudiantes.