El PSPV-PSOE quiere que la baremación para la vivienda tutelada la efectúen los técnicos municipales

La ordenanza que regulará la próxima entrada en funcionamiento de una vivienda tutelada en Burriana, que desde hace tiempo viene reivindicando el primer grupo de la oposición, como un servicio para evitar el aislamiento y mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales, ha motivado la presentación de alegaciones por parte de la concejal socialista Rosa Marco.

La causa es que el Grupo Municipal Socialista entiende, que debería darse prioridad a las solicitudes de vecinos de Burriana, por tratarse de un servicio municipal y que las peticiones de admisión deberían valorarse por los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento y no en la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social.
Marco dijo que esta prioridad se hace aún más necesaria teniendo en cuenta, que la Vivienda Tutelada ofertará sólo 5 plazas. "El proceso de baremación tal como se ha establecido por la concejalía, no garantiza en ningún caso que vaya a atenderse primero la demanda de los residentes en Burriana y el ayuntamiento dispone de técnicos cualificados para efectuar una selección, en base a las necesidades reales de nuestra población” explicó.

La portavoz socialista en el área de Bienestar Social puntualizó, que aunque la Conselleria aporta una subvención a la Vivienda Tutelada, el ayuntamiento participa en el aspecto económico y en la gestión y por lo tanto no puede hacer una dejación de funciones y ceder competencias.

ORDENANZA Y FUNCIONAMIENTO
Las normas que regularán la convivencia en la vivienda comunitaria para enfermos mentales, necesitan un replanteamiento y mayor concreción en opinión de la edil Marco, quien solicitó en las alegaciones, que no se apliquen sanciones económicas a los residentes.

La socialista dijo que no tiene sentido castigar con multas que oscilarían entre los 750 y 3000 euros a personas con pensiones bajas y que las faltas en las que puedan incurrir, se sancionarían con una amonestación verbal, suspensión de los derechos de los residentes o la pérdida de la condición de usuario, siempre en función de la gravedad de la falta cometida.

Marco apuesta por las sanciones que tengan una función educativa y también para que se clarifique el procedimiento sancionador. “Pensamos que no queda claro en la ordenanza quien tendrá la potestad. Consideramos que debería ser una comisión técnica de observación y establecerse además un procedimiento para recurrir”.

Para concluir la concejala del PSPV-PSOE, abogó por un centro lo más participativo posible en la gestión del presupuesto y en la programación de actividades y sobre todo, para que el sistema de puntuación para acceder a una plaza sea lo más claro posible.