El Pleno aprueba la urbanización de la zona industrial del Camí Vell y la exposición del Plan Especial del Casco Histórico

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado este Jueves Santo el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril, donde la unanimidad ha sido la tónica predominante en los puntos a aprobar. De esta forma, y tal y como avanzó el miércoles el alcalde, José Ramón Calpe, ha quedado aprobado la urbanización de la Unidad de Ejecución D-1 2.4, ubicado en el Camí Vell de València; la exposición pública, durante un mes, del Plan Especial del Conjunto Histórico de la ciudad y de su Estudio de Integración Paisajística, el reglamento regulador de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, entre otros asuntos.

Sin embargo, en la parte de control, y en concreto los puntos referidos al informe trimestral relativo al cumplimiento de los plazos de la Ley 15/2010 y a la relación de facturas presentadas con motivo del Plan de Pago a Proveedores han causado las críticas de la oposición.

Por parte del PSPV, la concejal Cristina Rius, ha puesto de manifiesto que, con respecto al informe trimestral de cumplimiento de pagos, “el 75 por ciento del montante de las facturas se han pagado fuera plazo (la Ley marca 50 días) y excesivamente tarde”.

En opinión de Rius este retraso viene dado por los problemas de tesorería que presenta el Ayuntamiento, por la deuda que la Generalitat tiene con el consistorio que asciende a 1.600.000 y por la deuda contraída por la solicitud de préstamos ICO, que asciende a 3.700.000 de euros, “a esta cantidad hay que sumar los 1.700.000 euros solicitados al Plan de Pago de Proveedores que corresponden a facturas sin consignación, lo que hace que haya 5.400.000 euros de deuda y fuera de presupuesto”.

Con respecto a la relación de facturas presentadas, la edil socialista señala que en la relación de empresas aparecen un total de 302 empresas - 115 son Burriana- “del total de las empresas 63 tienen una deuda superior a los 9000 euros, que para una PYME es una cantidad importante”. Rius ha señalado que “la solución pasa por que el equipo de Gobierno seau mejor gestor”.

Para la portavoz de CIBUR, Mariola Aguilera, ha asegurado que, tras la revisión de este informe, “la conclusión es que dentro del plazo se pagan el 13,89 por ciento de las facturas, con un importe correspondiente al 16,42 por ciento de las obligaciones contraídas. Asimismo, el plazo medio de pago es de 307 días, un plazo que es superior al 614,52 por ciento de lo que marca la ley”, ha expresado Aguilera, quien ha matizado que estos son los datos “negro sobre blanco que aparecen en el informe”.

La portavoz ha puesto en duda que con el plan de ajuste y las medidas adoptadas la situación mejore ya que “ustedes también aprobaron un plan económico financiero que se han saltado decenas de veces y además, tienen una forma de gestionar el dinero público a su beneficio en miles de temas” ha asegurado Aguilera.

A juicio de la portavoz, esto no mejorará porque “a muchos concejales se les siguen pagando gastos diversos que se pueden pagar con su sueldo; porque tres de sus concejales cobran dos sueldos públicos; se sigue sin controlar que no se contrate nada fuera de presupuesto”, ha considerado Aguilera.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Juan Fuster, ha explicado que en este último informe de pagos trimestral, los pagos aparecen “desvirtuados porque se ha incluido el préstamo del ICO, si esto no apareciera, la media de pagos sería de 115 dias”.

En este sentido, Fuster ha reconocido que “aún así se excede en 65 días el plazo estipulado por la Ley para realizar el pago” y ha recordado que se está trabajando para solventar esta situación “pero no es fácil porque la situación es complicada para todos”.

Con respecto a la relación de facturas, el delegado de Hacienda, ha destacado que “la deuda que la Generalitat tiene con nosotros la estamos reclamando todos los días y es algo que además se contempla en en el Plan de Ajuste para que esta situación no vuelva a ocurrir”. Además el edil, ha aclarado que “el 90 por ciento de las facturas que aparecen pretenden a servicios o suministros”.

Moción en defensa de la agricultura
Por otro lado, se ha aprobado, con la abstención del PSPV, una moción presentada por el PP y CIBUR, en defensa de la agricultura y citricultura, teniendo en cuenta el escenario que se planteará una vez se construya en Corredor Mediterráneo, desde Francia hasta Algeciras.

En concreto la moción solicita la realización de un estudio del impacto y de las repercusiones económicas que la construcción del corredor mediterráneo desde la frontera francesa hasta Algeciras y su supuesto enlace con África tendrá en la agricultura mediterránea española; la realización de un estudio del impacto y repercusiones económicas en la agricultura mediterránea del tratado firmado por la Unión Europea y Marruecos así como la redacción de un Plan Estratégico para la agricultura mediterránea, que siente bases y criterios para asegurar su viabilidad y sostenibilidad ambiental y económica.

Por su parte, la portavoz socialista, Mercedes Sanchordi, ha explicado que, entre otros motivos, su grupo se abstiene porque “consideremos que se mezclan temas que son distantes y distintos y además creemos que se realiza un vinculación negativa del Corredor Mediterráneo con la citricultura, que no se corresponde con la realidad”.