El Partido Popular y Coalició Valenciana aprueban la integración de todos los funcionarios municipales en el Régimen General de la Seguridad Social
El punto más polémico ha resultado ser la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios actualmente cubiertos por una compañía privada de seguros de salud, concretamente Adeslas, cuya asistencia médico-farmacéutica asume el Ayuntamiento. Los funcionarios que han podido concurrir, porque su calendario u horario laboral se lo permitía, han expresado su protesta asistiendo a la sesión plenaria, y no descartan otro tipo de movilizaciones, e incluso acudir a los tribunales para defender sus derechos.
La portavoz socialista en asuntos sociales y laborales, Rosa Marco, ha expuesto que la posibilidad de seguir prestando la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de una compañía privada fue un acuerdo adoptado por el pleno el 29 de abril de 1993 tras tratar este asunto en la mesa de negociación colectiva. En este sentido, ha defendido aquel acuerdo como legítimo y ha denunciado que no se haya consultado a los trabajadores, ni tan siquiera se les haya dado la posibilidad de expresar su opinión.
La concejala de sanidad, Consuelo Suay, ha informado al plenario que según los informes emitidos por la Tesorería Municipal, tras estudiar los costes de los ejercicios de 2008 y 2009, el ahorro anual que supondrá la integración de estos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social podría situarse en torno a los 161.000 euros. Y ello teniendo en cuenta que el seguro privado cubre alrededor de 300 personas: 94 funcionarios más familiares adscritos. Suay ha explicado que existen lagunas asistenciales en el sistema actual para estos funcionarios. En este sentido ha indicado que el Ayuntamiento se hacía cargo no sólo del coste del seguro, sino también del 60 % de la factura farmacéutica de estos trabajadores. “Además, en no pocas ocasiones, al no disponer el seguro privado de todos los medios, la aseguradora privada derivaba a los pacientes al sistema público de sanidad. Todos los funcionarios tendrán ahora las mismas condiciones sanitarias y las mismas coberturas que ahora”.
La concejala Marco ha puesto en duda la legalidad del acuerdo sometido a aprobación, al entender que era un derecho adquirido por los trabajadores, que no puede extenderse más allá del año 2015, cuando está previsto que todos los funcionarios pasen al Régimen General de la Seguridad Social. También ha añadido que el ahorro de 161.00 euros es para tapar el agujero económico originado por la mala gestión del equipo de Gobierno “y ahora el despilfarro lo pagan los funcionarios”.
El alcalde, José Ramón Calpe, ha replicado a Marco que la medida es plenamente legal, pues también estaba reconocida por ley la subida de las pensiones en base al IPC y el Gobierno ha decido modificarla. Calpe ha insistido en que los trabajadores van a continuar teniendo la cobertura sanitaria plenamente garantizada, pero existe la posibilidad de que el Ayuntamiento se ahorre un dinero y en este momento hay que hacerlo.
Respecto a que es un tema que debería haberse sometido a la negociación colectiva, el alcalde ha sostenido que ésta no es vinculante, pues de haberlo sido, el Gobierno tampoco habría iniciado la actual reforma laboral con la que discrepan los sindicatos. Por último, ha anunciado que pronto llevarán al pleno más recortes “pues tenemos la obligación de ajustar el gasto allá donde podamos”.
Por otra parte, siguiendo las directrices de la FEMP y del RD de Consejo de Ministros del 20 de mayo, se ha aprobado la reducción en un 7 % de las retribuciones de los cargos con dedicación parcial o exclusiva; así como una rebaja de un 5 % de las cuantías por asistencia a sesiones de los órganos colegiados (plenos, juntas y comisiones) de los miembros de la Corporación Municipal.
Por otra parte, también se ha acordado la rebaja en un 5 % de los complementos específicos para personal funcionario y eventual; y. en la misma proporción, de las productividades y gratificaciones.
Con todas estas medidas relativas a las retribuciones, el Ayuntamiento estima un ahorro desde el 1 de junio y hasta final de año de 445.055,19 euros.
De Caraduras nada de nada, somos funcionarios y contribuyentes, no lo pagas tu todo, el seguro solo es para los funcionarios , hay familiares de funcionarios que estan en el paro y no en el seguro del funcionario, antes de hablar, enterate bien de lo que vas a decir y si temetws la lengua donde te quepa a los mejor no insultas a personas que se merecen lo que tienen por que llevan trabajando mas de 30 años y desde entonces tiene ese derecho.