El Fiscal pide que se archive la demanda contra el honor interpuesta por Albia contra Iolanda Porcar

Esta mañana se ha celebrado en los Juzgados de Nules la vista oral de la demanda civil contra el honor presentada por la empresa Albia y el empresario Carlos Esteve contra la secretaria general del PSPV-PSOE de Burriana, Iolanda Porcar, por la que solicitaban una indemnización de 398.000 euros, dentro del contexto de toda la polémica acaecida entorno a la tramitación del PAI Pedrera-Port y la posterior querella criminal interpuesta por la Agrupación Local socialista contra el exalcalde, Alfonso Ferrada, los concejales Perelló y Sancerni y el propio Carlos Esteve.

El Fiscal, tras oír a las partes, ha solicitado el archivo del caso. Entre los argumentos empleados por la defensa se ha establecido que Porcar nada tenía que ver con informaciones inicialmente atribuidas a su persona, como por ejemplo en el diario Deia del País Vasco, donde se publicó una supuesta vinculación de responsables políticos del PP de aquella Comunidad con el proyecto de Pedrera.

Otro fundamento establecido durante la vista ha sido que el urbanismo es público, por lo que tanto la empresa como el empresario estaban sujetos a la acción crítica y fiscalizadora del primer partido de la oposición.

Cabe recordar que en marzo del año pasado la editorial Iparraguirre, S.A., propietaria del diario Deia, fue condenada a publicar la sentencia y a abonar a Carlos María Olazábal Estecha 6.000 euros como indemnización del daño moral causado por la intromisión ilegítima a su honor, tras estimar el juez que era falso lo que hacia su persona publicaba el diario “Deia” los días 27 y 28 de septiembre de 2006.

El diario vasco afirmó entonces que “Carlos Olazábal, portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia, aparecía como apoderado de Corporación Inmobiliaria Albia, empresa que ha propiciado junto a compañeros del PP en la Comunidad Valenciana un pelotazo inmobiliario que reportará cientos de millones de euros”. “La empresa, señalaban, compró en la localidad castellonense de Burriana terrenos rústicos a bajo precio que posteriormente fueron recalificados por el Ayuntamiento, liderado por Alfonso Ferrada, correligionario de Olazábal”.

A principios de este año el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas como consecuencia de la querella criminal interpuesta por la ejecutiva local del PSPV-PSOE de Burriana a principios de 2007 contra el ex alcalde y senador, Alfonso Ferrada, los concejales Javier Perelló y Pedro Sancerni y el empresario Carlos Esteve. El PSPV presentó un recurso de reforma que fue desestimado por el Juez, lo que motivo un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que todavía no se ha resuelto.